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laciamente ó reformando leyes pontificias, sobre unos tribunales
eclesiásticos. Y sin contar con la Santa Sede, pretendieron
por su incompetente autoridad imponer á los obispos
dichos juicios, y olvidando que estos prelados ejercen jurisdicción
propia en sus diócesis limitaron este poder llevando
sus sentencias de doctrina en apelación á tribunales que por
sus cismáticos acuerdos hicieron superiores. Decían algunos
diputados que era preciso abolir el Santo Oficio, porque no guardaba
conformidad con el nuevo código político. Según este
principio debió igualmente abolirse el decreto que daba fuerza
legal á las decisiones conciliares de Trento , pues alguna
de ellas no estaba de acuerdo con la Constitución (1). Añadíase
que la incompatibilidad de la Inquisición con las nuevas
leyes consistía en haber éstas prohibido antiguos trámites
usados por dichos tribunales. Igual razón pudo aplicarse á
cada uno de los juzgados que hasta la promulgación de la ley
fundamental vinieron observando sus tramitaciones privativas.
Sufrieron estos tribunales la reforma necesaria á fin de
ponerse en armonía con la Constitución; pero respecto al
Santo Oficio sólo se pensó en destruirle ántes que en solicitar
del Papa las modificaciones convenientes, con asistencia
del poder seglar por la jurisdicción mixta que ejercía.
Las razones que motivaron ciertas reformas en los tribunales
seculares , no podían aplicarse á un tribunal eclesiástico
, porque la constitución civil obliga sólo á los ciudadanos
en sus actos del fuero externo, y la jurisdicción espiritual
se extiende al interno. Y así como las leyes para el
fuero externo debieron armonizarse con el código político
, porque en él interviene la potestad civil; el fuero interno,
exclusivo de la potestad eclesiástica, no puede someterse
á iguales reglas, pues la índole de las culpas que
juzga es de un orden diferente. Es necesario conocer, que
habiéndose dictado las constituciones civiles únicamente para
el fuero externo , los católicos no estamos obligados á observar
sus mandatos cuando son opuestos á las leyes eclesiásticas
, y mucho ménos si atacan directa ó indirectamente
á los dogmas de nuestra santa religión. Los inquisidores eran
(4) Entre otras el cap. IV de la ses. 2o Quarn tnrpe est.
eclesiásticos que, entendiendo sobre asuntos espirituales,
necesitaban alguna variación de procedimientos para vigilar
contra los enemigos de la creencia católica, finá que no podía
llegarse con las ordinarias fórmulas de los tribunales civiles.
Mas por otra parte los procesados en dichos tribunales
hallaban las notables ventajas en la tramitación que en su lugar
hemos consignado; y por vía de epílogo conviene repetir
que no se daba curso á delaciones injustificadas, debiendo además
presentarse suscritas por tres personas de buena reputación
: que se tomaban informes reservados sobre la moralidad
de acusadores y testigos, sin cuya condicion precisa no tenían
crédito sus dichos ni se tramitaba la denuncia : que nó
podía dictarse auto de prisión, ántes de hacer prueba testifical
de la culpa ó justificarla con documentos , exigiéndose además
la confirmación del Consejo Supremo, que revisaba estas
diligencias preparatorias del proceso : y finalmente, que abjurando
el reo, y pidiendo absolución de sus errores, era preciso
sobreseer la causa , alzar el embargo de sus bienes y ponerle
en libertad (1) sin penas aflictivas: y sólo se cuidaba
de curarle espiritualmente con penitencia canónica, de cuyo
cumplimiento era juez su propia conciencia. Desconoció la
mayoría estas consideraciones, y que los tribunales del Santo
Oficio no podían estar en contradicción esencialmente
con el nuevo código, porque siendo uno de sus fundamentos
(2) la unidad religiosa en los principios cristianos, y obligándose
el Estado á proteger la religión católica apostólica
romana con leyes sabias y justas, debía ser consecuencia
legítima de este deber constitucional, el sostenimiento
de los medios adoptados por la Iglesia para conservar la pureza
dogmática. Medios, cuya eficacia venía demostrando la
experiencia, porque á ellos se debía en España la conservación
de la unidad religiosa , que nos ha evitado los errores y
desgracias de aquellas guerras tan fatales para otras naciones.
No se oponía la Constitución á los tribunales eclesiásticos,
(1) Siempre que el reo no hubiera cometido los delitos ordinarios, en
cuyo caso sufría las penas impuestas por el código civil.
(2) Art. 12 de la Constitución de 1812.