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y aunque ordenaba el artículo 262 que todas las causas fenecieran
dentro del territorio de cada audiencia, entendíase con
relación á los negocios seculares. Así es, que los juicios eclesiásticos
no variaron su orden y tramitación, y las apelaciones
de los ordinarios continuaron elevándose al metropolitano , y
de éste á la Rota : y de las sentencias de los Prelados de las
Ordenes militares se continuó apelando al Consejo de las mismas.
Fué muy arbitraria la pretensión de uniformarlos procedimientos
eclesiásticos con el código civil, resolviendo extinguir
el Santo Oficio por incompatible con una Constitución
(1), que reformó las leyes seculares. Debieran meditar
aquellos diputados la diversa índole de unos y otros tribunales,
y que los códigos civiles entienden sobre delitos que
unos hombres cometen contra otros, ya sea la injuria pública
ó privada, pero la Iglesia en sus tribunales de fe procede contra
delitos de lesa majestad divina, cuyos medios de represión
deben ser de un orden diverso del que se emplea para
castigar los crímenes ordinarios. Establecióse conveniente
uniformidad en todos los tribunales , y sin atender á que los
códigos políticos no pueden invadir el fuero eclesiástico ni
alterar á la Iglesia en su gobierno privativo, aplicaron dicho
principio (2) al Santo Oficio, declarándole incompatible con
la Constitución del reino. Intentaban armonizar los procedimientos
judiciales, civiles y eclesiásticos, alegando que
el derecho de protección les dispensaba de solicitar el concurso
de la Santa Sede. Ni áun bajo semejante pretexto pueden
las leyes civiles ingerirse en los asuntos espirituales,
porque tiene la Iglesia una autoridad propia y sin dependencia
de los poderes laicos, leyes fundamentales , leyes de poderío
que Jesucristo la concedió y no puede renunciar. La
protección que los gobiernos conceden á nuestra santa fe ca-
(1) Como con el ai t. 262, que llevado á efecto según el deseo de muchos
Diputados, destruye la disciplina eclesiástica. Dice lo siguiente dicho ar-
tículo : Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del terri-
torio de cada audiencia. Ley que se pretendió aplicar á la jurisdicción
eclesiástica.
(2) Art. 244 de la Const. «Las leyes señalarán el orden y las formalida.
>desdel proceso, que serán uniformes en todos los tribunales, y ni las
• Cortes ni el Rey podrán dispensarlas.«
tólica no .se puede ejercer sino por aquellos medios que son
propios de la potestad secular, y ajenos en su aplicación á
la misma Iglesia, pero medios que no contraríen á los sagrados
cánones y decretos pontificios. El gobierno privativo de
la Iglesia católica no tolera invasiones, ni la protección puede
entorpecerle. Las leyes protectoras de la religión deben procurar
su concordancia y armonía con los cánones; y es altamente
cismático desobedecer estas sagradas prescripciones,
sustituyéndolas con leyes civiles bajo el pretexto de uniformar
el gobierno del Estado. Uniforme debe ser la administración
civil, pero nó de un modo tan lato y material que sirva de
excusa para la secularización de los tribunales eclesiásticos,
cuyos procedimientos son distintos de los Reculares,
porque son diversas las leyes á que obedecen. Los sagrados
cánones y decretos pontificios expedidos para hombres de
diferentes naciones, costumbres y encontrados intereses , no
pueden equipararse ni guardar absoluta conformidad con la
especial jurisprudencia de cada país católico, cuyas condiciones
sociales y políticas se hallan frecuentemente en oposicion.
La jurisprudencia civil de una sociedad cristiana es
la que no debe separarse de los preceptos divinos y eclesiásticos.
El jefe de nuestra santa religión, que necesita conservar
unidad perfecta entre los fieles, no puede consentir alteraciones
introducidas en su fuero por la potestad secular de cada
nación; pues en este caso se destruiría la perfecta uniformidad
que estableció Jesucristo para el gobierno espiritual de
todo el mundo cristiano. Y este fué gravísimo defecto cometido
en la Constitución de Cádiz, que apareció chocando con
la Iglesia en sus atribuciones privativas, y suponiéndose
facultada para exigir reformas canónicas en consonancia con
su legislación civil, desconoció y exageró el uso de sus derechos
como protectora.
Es verdad que desde la primera época del cristianismo
vienen los reyes católicos siendo protectores de la Iglesia.
Constantino desterró al hereje Arrio, pero despues de condenados
sus errores por el Concilio de Nicea; y el emperador
Teodosio hizo lo mismo con Nestorio, luego que fué excomulgado;
y sin embargo, estos príncipes no alteraron los
procedimientos eclesiásticos empléados por la Iglesia para
llegar á semejantes declaraciones; lo que hicieron fué cuín-