obstáculos y dificultades de la reubicación de trabajadoras ... - Surt

En otro orden de críticas, se considera que las políticas abolicionistas basadas
en los criterios del Convenio de la ONU de 1949, además de victimizar a las
trabajadoras sexuales autónomas e independientes y de no permitir el reconocimiento
de sus derechos, confunden tráfico con prostitución, sumándose así a la cada vez más
pronunciada tendencia a tratar a toda migración ilegal como tráfico.
En el tema que nos ocupa, dicha tendencia tiene un pronunciado sesgo de
género, pues viene a considerar que toda mujer inmigrante que ejerce la prostitución
es una mujer traficada, lo cual niega cualquier migración autónoma que tenga por fin,
declarado o latente, el trabajo sexual ejercido por cuenta propia.
Asimismo, y con el refuerzo de la expresión “aún con el consentimiento de”, la
legislación abolicionista crea una categoría muy particular de género: la de prostituta.
A partir de ella, da lugar no sólo a una categoría diferenciada de mujer
(definiéndola por su negativa, por lo que “no debe ser”), sino también de víctima, pues
subvierte el orden de las presunciones legales al disponer que, para alcanzar ese
status debe demostrar inocencia, lo cual es un presupuesto que contradice las bases
del Estado de Derecho, entre las que se encuentra el reconocimiento del derecho a la
presunción de inocencia (art. 24.2 de la Constitución Española).
En efecto, el art. 59 de la Ley de Extranjería establece, como condición de
exención de responsabilidad administrativa y de expulsión, para las víctimas delitos de
tráfico o de explotación de la prostitución ajena, la denuncia a los autores o la
cooperación y colaboración con los funcionarios policiales, proporcionando datos
esenciales a la investigación o atestiguando en el proceso correspondiente contra
aquellos autores. En idéntica línea se orienta la Directiva del Consejo Europeo
2004/81/CE, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de
residencia para nacionales extranjeros, destinado a las víctimas del tráfico de seres
humanos o que hubieran sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal,
que cooperen con las autoridades competentes.
La aplicación de estas normas significa que las víctimas de tráfico, para ser
consideradas tales ante el derecho español y, en consecuencia, para poder ejercer los
derechos que las leyes les acuerdan (entre ellos, como hemos mencionado, el derecho
a residir temporalmente en el país, evitando el regreso forzado a su país de origen,
cuando esto puede resultar perjudicial para la mujer, desde el punto de vista de la
protección de sus derechos humanos), deben probar: a) en primer lugar, que han sido
Investigación para la reubicación en el mercado de trabajo de las trabajadoras sexuales del barrio del Raval
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