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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DERECHO PROCESAL PENAL
Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES
el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la
averiguación de que se trate, sin que exceda de noventa días, con el objeto de
que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda
abreviarse el tiempo de arraigo. Debe recordarse que esta norma sólo regula
casos de delincuencia organizada, aunque su manifiesta inconstitucionalidad al no
establecerse la previa audiencia del afectado con el arraigo, además de constituir
no sólo un acto de afectación de la libertad ambulatoria del arraigado, sino una
verdadera restricción a la libertad en términos generales, con infracción del
artículo 11 C, ha sido declarada por la jurisprudencia de la Suprema Corte.
Pues bien, para ponerse a tono con esta disposición, con fecha 8 de febrero de
1999, se publicó el decreto que reforma el artículo 133 bis del Código Federal de
Procedimientos Penales en lo referente al arraigo. De acuerdo con la nueva
disposición, la autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el
arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación
geográfica sin su autorización, por el tiempo estrictamente indispensable – no
excediendo de treinta días naturales en el primer caso, ni de sesenta en el otro - a
la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y
cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. Si el
afectad solicita que queden sin efecto el levantamiento del arraigo o la prohibición
de abandonar una demarcación geográfica la autoridad judicial decidirá,
escuchando al Ministerio Público y al afectado, sobre si deben o no mantenerse.
Como se advierte, aparte de que ahora se niega la audiencia al afectado antes de
decretarse el acto autoritario – garantía que sí contemplaba la norma reformada –
se crea además, como una nueva medida cautelar, la prohibición de que
abandone una demarcación geográfica sin autorización judicial, ello solamente
condicionado a que exista riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la
justicia y eliminando la obligación, que se establecía en la disposición reformada,
de que el Ministerio Público fundará y motivará su petición y de que tomara en
cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del
inculpado.
De igual manera, en el nuevo artículo se alude al arraigo y a la prohibición de
abandonar una demarcación geográfica, sin mencionar la teleología que la anima,
a la que sí hacía referencia la anterior disposición, cuando señalaba como término
del arraigo el estrictamente indispensable para la debida integración de la
averiguación de que se trate.
Con mayor tino, el CDF en su artículo 270 bis, reglamenta el arraigo de esta
manera: “Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público
estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características
del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano
jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al indicado
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