Texto de las ponencias en archivo PDF - Justizia eta Herri ...

FÉLIX OVEJERO LUCAS
dieron beneficiar del EB, o, al menos, de quienes constituyeron sus soportes tradicionales. Al responder
a la pregunta acerca de la disposición de los asalariados a asumir el mantenimiento del EB no podemos
ignorar capacidad para imponer prioridades sociales, su menor fuerza política, como consecuencia, entre
otras cosas, de diversos cambios en el mundo laboral, cambios relacionados entre sí: en los procesos de
producción, entre ellos muy fundamentalmente la desaparición de la gran industria; en los modelos de negociación
laboral (mayor descentralización); en el protagonismo de los sindicatos, hoy puramente defensivos
cuando no residuales.
Los ejemplos de lo segundo, de cambios en las disposiciones normativas, están relacionados muy fundamentalmente
con las nuevas intervenciones del EB, más arriba descritas, las cimentadas en las externalidades
o la información, mucho más ambiguas distributivamente que las de otro tiempo. Se observa, por una parte,
en una menor disposición al compromiso con un EB cuyas ventajas inmediatas no se perciben y, por otra,
en una mayor dificultad para que los comportamientos de reciprocidad puedan prosperar cuando aumenta la
polarización social. Cuando la desigualdad se agudiza resulta improbable que los ciudadanos se sientan en «el
mismo barco»: no lo estarán «objetivamente», porque participan de distintas experiencias y no se enfrentan
a los mismos retos ni tampoco «subjetivamente», porque difícilmente mostraran disposición a contribuir y a
responsabilizarse en beneficio de unos conciudadanos con los que creen tener poco que ver, en sus problemas
y en sus aspiraciones (ya advertía Tocqueville de la imposibilidad de la deliberación democrática y la acción
colectiva cuando las desigualdades son agudas(2004, 247-8)). No sólo eso. Cabe pensar que los más privilegiados
entre ellos optarán por sistemas privados (de enseñanza, de salud) y, por ello, estarán poco dispuestos
a financiar aquello de lo que no hacen uso, con el efecto añadido de que dejarán de actuar como —poderosas,
educadas— voces críticas, vigilantes de los servicios públicos, lo que acostumbra a traducirse en una peor
calidad de los mismos (Hirschman, 1970), algo que, a la postre, ahondará el abismo de experiencias entre
unos y otros.
En todo caso, circunstancias como las mencionadas resultan relevantes para entender si se dan inercias a
favor del mantenimiento del EB y, en ese sentido, están relacionadas con la segunda idea de modelo mencionada.
Pero esa posibilidad de persistencia nada nos dice acerca de la viabilidad o de la deseabilidad del EB.
Muy bien pudiera suceder que las inercias contribuyeran a prolongar por mucho tiempo una agonía. Por lo
demás, la propia complejidad de las circunstancias que concurren veta cualquier conclusión rotunda (y en
ese sentido la «crisis» de los países socialistas resulta aleccionadora).
Otra cosa es si cabe pensar en una supervivencia interesante normativamente, más cercana a la primera
idea de modelo y que, si se confirma el diagnóstico pesimista acerca de la inviabilidad a largo plazo del EB,
invitaría a un rediseño del modelo. Me limitaré a trazar algunas coordenadas, compatibles con lo más arriba
visto acerca de la inestabilidad del EB.
6. Las condiciones de posibilidad del EB
El camino recorrido hasta aquí, y en particular los problemas de estabilidad del EB, permiten obtener algunas
enseñanzas valiosas para cualquier propuestas de fundamentación de EB, ya en el otro plano, una vez
admitida su condición de modelo normativo. Muy en general, y no abandono el terreno de lo casi obvio,
atañen a los diseños de las instituciones y a las disposiciones de los ciudadanos, que incluyen sus motivaciones
más básicas, sus «instintos de justicia», y sus motivaciones normativas, sus «opiniones de justicia». Tam-
IV Congreso Internacional de Derechos Humanos
Ciudadanía y Derechos Sociales: un discurso de futuro
34 ISBN: 978-84-457-3226-7