ZEEV STERNHELL - Prisa Revistas

EL ASCENSO DE LA EXTREMA DERECHA
cráticamente. Entendemos por tal sistemas
políticos en los que se respetan los derechos
humanos fundamentales y los Gobiernos
se eligen en elecciones periódicas
libres en las que pueden participar todos
los ciudadanos mayores de edad. Con estos
dos requisitos, las democracias europeas
no son muy antiguas: los países escandinavos
acceden al sufragio universal, que
incluye a hombres y mujeres, después de
la Primera Guerra Mundial; Italia y Francia,
después de la Segunda; España, si dejamos
de lado el brevísimo paréntesis de la
Segunda República, en 1977; los países
del este de Europa todavía en tiempos más
cercanos. El hecho es que, siendo la democracia
una adquisición tan reciente, se
está quedando ya sin el soporte que le es
propio: el Estado nacional.
La democracia representativa surge en
el Estado nacional y sólo puede existir con
sus formas actuales dentro de él. Así como
la democracia griega únicamente pudo desarrollarse
en la polis y se desplomó cuando
la ciudad-Estado perdió su autonomía.
Acabar con las guerras intestinas que destruían
Grecia implicaba superar la fragmentación
política creando un orden por
encima de la polis, a la que, sin embargo,
el griego se aferraba al no concebir otra
forma de convivencia en libertad. Una potencia
externa, el reino macedonio de Alejandro,
logra la unificación, pero al costo
de destruir la autonomía de la polis, sobre
la que se apoya la democracia. Las ciudades
se subordinan a los reinos helenísticos,
que preparan el camino para la ulterior
dominación romana. Cada tipo de democracia
tiene su base social propia: de la
misma manera que la democracia griega
necesita de la polis, la democracia representativa
de nuestro tiempo precisa del Estado
nacional. Están todavía por descubrir,
por decisivas que sean para la persistencia
de la humanidad, las formas de
organizarse democráticamente en instituciones
supraestatales. No se insiste lo suficiente
en que la rapidísima transformación
que ha sufrido el Estado nacional en
los últimos años afecta de manera contundente
al sistema democrático, tal como está
establecido. Hecho de enorme trascendencia
que ha de tenerse muy en cuenta.
La impotencia de los Gobiernos
En este contexto se detectan dos problemas
de envergadura. El primero se muestra
en la pérdida de legitimidad que se deriva
de la impotencia de los Gobiernos
para resolver las cuestiones que más directamente
afectan a los ciudadanos. El desempleo
es la que más preocupa a la gen-
te. Ningún partido puede ganar unas
elecciones sin prometer eliminar en un
tiempo razonable esta lacra social. Recuerden
los famosos 800.000 puestos de
trabajo, que siguen prometiéndose, aunque
ya nadie se atreva a concretar la oferta
en cifras. Ahora bien, transferidas competencias
económicas fundamentales a instituciones
europeas supranacionales, es
bien poco lo que los Gobiernos pueden
hacer en este campo. Impresión que remacha
el que algunos consejos europeos,
como el de Lisboa en la primavera de
2000, hayan presentado una política común
frente al desempleo, lamentablemente
con los mismos resultados. Ni los
Estados miembros ni la Unión están en
condiciones de poner en marcha una política
que nos acerque al pleno empleo; y
son ya muchos los años con índices de
paro de dos dígitos. Tamaña distancia entre
lo que cabe hacer y lo que se promete
erosiona gravemente la credibilidad de las
instituciones: Parlamentos, Gobiernos,
partidos. Llevamos lustros hablando de la
pérdida de legitimidad de las instituciones
sin otro logro que reflexiones más o
menos pesimistas sobre sus consecuencias.
La internacionalización de la economía
lleva consigo que los ciclos vengan determinados
por factores exógenos. La coyuntura
internacional es cada vez más claramente
responsable del bienestar de nuestros países.
Cuando mejoran los índices macroeconómicos,
los Gobiernos se apuntan los méritos;
pero cuando empeoran, acosados por
una oposición que presume de tener la receta
para salir del atolladero, lo pagan con
el desprestigio. Unas elecciones se ganan o
se pierden según sea la coyuntura, sin que
los Gobiernos puedan hacer mucho al respecto.
A ofertas de los partidos cada vez
más parecidas se suman resultados aleatorios.
La suerte es el factor decisivo; y dada
la brevedad de los ciclos económicos, ningún
partido puede perpetuarse en el Gobierno.
Los de centro izquierda y centro derecha,
únicos con posibilidad de gobernar,
manejan un discurso en la oposición y otro
en el Gobierno, perfectamente intercambiables
en cada una de estas funciones. La
pérdida creciente de legitimidad que padece
el sistema democrático establecido es la
consecuencia más obvia y de mayor alcance
de las transformaciones que están sufriendo
los Estados miembros de la Unión.
El desmontaje del Estado social
Un segundo problema grave proviene de
los temores que levanta el paulatino desmontaje
del Estado de bienestar. Sea cual
fuere el que está en el Gobierno, el discurso
se centra en la necesidad de reformar
el sistema de protección social, como
si fuera la panacea que nos ha de proporcionar
el pleno empleo. Habría que liberalizar
el mercado de trabajo, abaratando
el despido; bajar los costos laborales, disminuyendo
las prestaciones sociales; aminorar
la presión fiscal para asegurar la inversión.
El haz de medidas para llevar a
cabo políticas sociales de que dispone un
Estado que ha dejado la política macroeconómica
en manos de instituciones supranacionales,
empeñadas tan sólo en la
estabilidad, es cada vez más reducido. En
teoría, los europeos seguimos defendiendo
una “economía social de mercado”,
pero hemos suprimido la base operativa
que la hacía posible: un Estado que maneja
la política económica, fiscal y social.
El Estado se ha quedado sin los elementos
fundamentales de la política económica,
incluida la monetaria; si queremos mantener
un mercado único, antes o después
la convergencia fiscal terminará por imponerse.
Pero la política social sigue y seguirá
siendo de competencia del Estado,
aunque se haya quedado sin los instrumentos
para llevarla a cabo. Sea un Gobierno
de centro izquierda o de centro derecha,
no tendrá más remedio que emprender
reformas que cada vez semejan
más un desmontaje.
Las fórmulas neoliberales son claras y
tajantes. Lo malo es que estas medidas
tampoco parece que lleven al pleno empleo.
Las ventajas tributarias dadas a las
empresas rebajan la capacidad del Estado
para mejorar los servicios públicos, empezando
por los dos decisivos, de los que
depende el futuro de cualquier país, educación
de la población e investigación
científica; pero en una economía internacionalizada
no cabe impedir que los capitales
no se inviertan en economías lejanas
que prometen una mayor rentabilidad. Si
es cierto que una política keynesiana de
lucha contra el paro (el gasto público tira
de la demanda) resulta eficaz sólo en una
economía que se mueve dentro de fronteras
cerradas, también el argumento neoliberal
de que bajando los impuestos se
consiguen mayores inversiones únicamente
parece convincente en las condiciones
de un mercado nacional en el que las empresas
no pudieran invertir en el extranjero.
Los altos beneficios de algunas empresas
españolas en los noventa, al haberse
invertido en otro continente, poco han
contribuido a que descienda el paro. Si es
harto dudoso que en una economía abierta
una menor presión fiscal garantice ma-
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