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especial 150 aniversario de la ley hipotecaria
Opinión
72 • registradores de españa
Por Ángel Valero
Fernández-Reyes
La hipoteca,
una institución dinámica
Registrador
de la Propiedad
Se ha dicho, con razón,
que el derecho real de
hipoteca constituye el
eje central de los sistemas
registrales, los
cuales, a su vez, desempeñan una
función esencial en relación con el
funcionamiento eficiente del sistema
económico en su conjunto y, más
concretamente, con el desarrollo de
los mercados inmobiliario y crediticio
hipotecario.
Por ello, el origen del ordenamiento
jurídico hipotecario se encuentra en
la necesidad de dotar de publicidad
al derecho real de hipoteca, cuyos
antecedentes remotos, que pretendían
superar la clandestinidad dominante
en el derecho histórico español, hay
que encontrarlos en el siglo XVI con
la creación del “Registro u Oficio de
Hipotecas” por la Real Pragmática
de 1539, al que siguió, dada su escasa
aplicación, la instauración por la Real
Pragmática de 1768 de las “Contadurías
de Hipotecas”, aunque no sería
hasta 1861 con la promulgación de
la Ley cuyo aniversario celebramos,
cuando se establece en España un
Registro moderno.
Efectivamente, en el siglo XIX, con
la revolución industrial, la ilustración
y el liberalismo económico, se hizo
necesario crear un sistema de publicidad
que diera certezas –de titularidad
y cargas– al mercado, labor que
culminó con la aprobación de la Ley
Hipotecaria de 8 de febrero de 1861,
verdadero hito en la protección del
tráfico jurídico, y cuya finalidad principal
fue conseguir asentar sobre bases
sólidas el crédito territorial y el tráfico
de inmuebles, para lo que se instauró
un Registro jurídico de la Propiedad e
intentó dotar de publicidad al derecho
real de hipoteca, proscribiendo las
hipotecas generales y tácitas e introduciendo
como elementos configuradores
de la misma los principios de
especialidad y accesoriedad.
Así, en la exposición de motivos
del Real Decreto de 1855 que crea la
Comisión encargada de la redacción
de la Ley de 1861 decía respecto de la
legislación anterior sobre la materia
que “ni garantiza suficientemente
la propiedad, ni ejercen saludable
influencia en la prosperidad pública,
ni asientan sobre sólidas bases el
crédito territorial ni dan actividad a
la circulación de la riqueza, ni moderan
el interés del dinero, ni aseguran
debidamente a los que sobre esta
garantía prestan sus capitales”.
Con las mejoras recogidas en las
reformas de 1869 -hipotecas en
garantía de títulos endosables- y
1909 -la regulación de la ejecución
hipotecaria y de la hipoteca
en garantía de cuentas corrientes
de crédito- y en el Código Civil de
1889 –inscripción constitutiva–,
llegamos a la vigente Ley Hipotecaria
de 30 de diciembre de 1944 y el
texto refundido de 8 de febrero de
1946 que cierran la configuración