150 aniversario de la ley hipotecaria - Foros del 150 aniversario de ...

en latín o griego según la parte del
Imperio, como quería el Digesto (así
resulta de un texto precioso atribuido
en el Digesto al Comentario de
Ulpiano al Edicto del pretor: Ulpiano
28 ed en Dig, 14,3,11, párrafos 2
al 6), sino que los apoderamientos
se divulgaban mediante la publicidad
suministrada por el registro
gremial o consular, para que los
terceros pudieran cerciorarse del
contenido de la facultad de obligar
al mandante con terceros contratantes.
Un ejemplo de todo ello en
Derecho intermedio es la Ordenanza
de los Magistrados de Barcelona de
1478.
En 1829, por impulso del
espléndido Código de Comercio de
ese mismo año, publicado siendo
Ministro de Hacienda López
Ballesteros, se creó el “Registro
público y general de comercio”.
Es enormemente curioso constatar
que el Proyecto de la Comisión
Real soslayó cualquier referencia a
nuestra institución. En cada capital
de provincia, bajo la responsabilidad
de las autoridades gubernativas
o “gefe político” (el Secretario de
Intendencia hasta que en 1836
se atribuyó la competencia a la
Gobernación civil), se habría de
establecer una oficina registral con
dos secciones. La primera, la más
tradicional, era llamada de “Matrícula
general de comerciantes”. En
ella se asentaban las inscripciones
de los comerciantes a la sazón
“inmatriculados”: la matrícula
era una verdadera “licencia para
Hasta 1829, año en que se promulga el primer Código
de Comercio de Sáinz de Andino, la publicidad de los
empresarios era cuestión entregada a la organización
gremial típica del Viejo Régimen, heredera de la
legislación estatutaria y privilegiada del “fuero de los
comerciantes” de la época medieval y a lo dispuesto
para los diferentes Consulados de Comercio que
fueron creándose a lo largo y ancho de la geografía
nacional y de las diferentes posesiones españolas
comerciar” que configuraba el estatuto
de comerciante entones sujeto
a un fuero privilegiado y “jurisdiccional”
propio (hasta el decreto de
Unificación de Fueros de 1868). Se
regulaba entonces la inscripcióninmatriculación
del comerciante
como un requisito “administrativo”
de raigambre gremial que se
entendía en un primer momento
como una verdadera condición
para el ejercicio del comercio por
personas habilitadas para ello: el
Derecho mercantil era el Derecho
de los comerciantes matriculados.
La segunda sección, la de ciertos
negocios jurídicos típicos de los
comerciantes, amén de recoger la
publicidad de ciertos documentos y
negocios relativos al comerciante
individual con trascendencia para
el tráfico mercantil como eran las
cartas dotales o las capitulaciones
matrimoniales, la publicidad de
los poderes concedidos a factores
y dependientes, etc. se destinaba a
la inscripción de las “escrituras en
que se contrae sociedad mercantil”.
Pues bien, por una de esas paradojas
a que nos tiene acostumbrada
la Historia del siglo XIX, el Código
de Comercio promulgado casi al
final de la “Ominosa Década” –nunca
se logró promulgar un Código
Civil de la nación hasta el final del
siglo- , contenía la más “liberal” y
moderna de las regulaciones societarias
conocidas en la época. Las
sociedades mercantiles, incluso las
anónimas, también las colectivas o
regulares colectivas y las comanditarias
(no existían las limitadas),
se constituían en escritura pública,
sin autorización administrativa (se
apartaba el Código del viejo sistema
de concesión regia o de “octroi”) y
mediante la simple inscripción de
sus pactos en el Registro Mercantil
de la provincia. Se rompía así
con la tradición de las compañías
privilegiadas y las Reales fábricas
de la época borbónica anterior
por otro sistema de constitución
societaria, con el consiguiente
acceso al beneficio de la limitación
de responsabilidad por deudas
enero - Febrero de 2011 • 77