noche de perr - Emeequis

| EMEEQUIS | 20 de abril de 2009
36
la cáscara
de la historia
; Siete medidas para
fiscalizar bien a los
partidos en México
*Doctor en derecho,
ex consejero
electoral del IFE,
es actualmente
investigador del
Instituto de
Investigaciones
Jurídicas de la
UNAM
jaicardenas@
prodigy.net.mx
Por Jaime Cárdenas*
La reforma electoral de 2007-2008 está a prueba. En materia
de fiscalización, seguramente el trabajo de la Unidad de
Fiscalización de los recursos de los partidos políticos no
tendrá el arrojo y profundidad de la anterior Comisión de
Fiscalización creada por la reforma de 1996.
Casos como el Pemexgate o los Amigos de Fox no volverán
a presentarse, y no porque no ocurran irregularidades
y violaciones semejantes en materia de financiamiento,
sino porque las autoridades electorales han ido perdiendo,
a pesar del aumento de sus competencias legales, cada vez
más independencia.
Los problemas con la fiscalización a los partidos en
México han estado relacionados con la falta de independencia
e imparcialidad del órgano fiscalizador, insuficiencias
de sus competencias por un entendimiento estricto
y a veces equivocado del principio de legalidad, falta de
exhaustividad en las investigaciones, el poder de los medios
de comunicación electrónica, la no promoción de las
quejas o denuncias ciudadanas, y problemas vinculados al
sistema procesal y al tipo de pruebas admisibles.
Además, los niveles de consolidación del sistema democrático
y de madurez de la cultura política juegan un
papel fundamental (en el país aún son comunes el clientelismo,
el desvío de recursos públicos con fines electorales
y a compra y coacción del voto).
Desde mi perspectiva, las variables a tomar en cuenta
son:
1) Un marco que permita mantener una autoridad fuerte
con poderes legales suficientes para supervisar, verificar,
investigar e instruir procedimientos. Este marco debe regular
con precisión el financiamiento público y privado, el
papel de los partidos y sus administradores, la posición de
los precandidatos y candidatos al respecto, los límites al
financiamiento privado y las donaciones, las aportaciones
prohibidas, las reglas sobre el acceso de los partidos y los
candidatos a los medios de comunicación, las atribuciones
de la autoridad fiscalizadora y los tipos y las sanciones
a partidos y particulares que infrinjan las disposiciones
relativas al financiamiento.
2) Dar la más amplia publicidad y transparencia al financiamiento
público y privado, por ejemplo: conocer los
montos de las aportaciones privadas, acceder a los informes
anuales y de campaña de los partidos, el conocimiento
del patrimonio de cada partido, el manejo público de la
administración y contabilidad de cada partido, los montos
de endeudamiento de cada partido, las principales contrataciones
y proveedores; la apertura de los procedimientos
de fiscalización y revisión de la autoridad electoral a
cada partido. Los partidos y sus candidatos deben saberse
observados en todo momento en sus ingresos, egresos,
patrimonio, administración y gestión contable.
3) La determinación de responsabilidades y las sanciones
por el incumplimiento de las normas no sólo deben
recaer en los partidos, sino en los responsables de la administración
de cada partido, en los dirigentes, candidatos y
en los particulares que hayan contribuido de manera ilegal
a financiar las campañas, incluyendo las etapas previas a
las mismas.
También deben existir sanciones electorales, como la
suspensión de las actividades de proselitismo político o
las que conllevan a la nulidad de las elecciones. Deben tipificarse
responsabilidades y sanciones penales, y de otra
índole, ya sea financiera o fiscal, por la comisión u omisión
de conductas vinculadas al financiamiento ilegal.
4) Desde luego, tiene que salvaguardarse la independencia
de los integrantes del órgano de fiscalización,
quienes deben contar con las atribuciones necesarias para
realizar su tarea. Además, la actividad fiscalizadora debe
prevalecer sobre cualquier impedimento u obstáculo legal.
En los casos Pemexgate y Amigos de Fox, las autoridades
hacendarias, ministeriales, bancarias, argumentaron la
existencia de secretos legales para impedirla. Era obvio que
no procedía, y no procede, aun con el marco legal en ese
entonces vigente, la negativa a proporcionar información
sobre las investigaciones.
La autoridad de fiscalización debe gozar de atribuciones
para obligar a particulares y a cualquier autoridad a
colaborar en las investigaciones, incluyendo la imposición
de medidas de apremio, o el inicio de procedimientos
administrativos y penales contra quienes obstaculicen,
interfieran o nieguen apoyo en las investigaciones.
5) Fomentar una cultura de observancia voluntaria de
las reglas y principios relativos al financiamiento. Las propuestas
van desde la incorporación de incentivos morales
a incentivos materiales a los partidos que sean cumplidos,
como reembolsos, subsidios y exenciones de impuestos.
6) La fiscalización basada en la sola presentación de
los informes anuales y de campaña de los partidos es insuficiente.
La vía privilegiada radica en la presentación de
quejas ciudadanas, en la promoción de quejas anónimas
y en la investigación de oficio. Las vías tradicionales de
fiscalización son del todo precarias para eliminar o evitar
la corrupción en la política.
7) Debe promoverse en las investigaciones, obligadas
a ser exhaustivas, el carácter inquisitivo sobre el carácter
puramente dispositivo.