Informe - Save the Children

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica, establece en su art. 2.8 la necesidad de un sistema integrado de
coordinación administrativa que garantice la agilidad de las comunicaciones relativas a la
protección de las víctimas.
El Protocolo para la Implantación de las ordenes de protección de las víctimas de violencia
doméstica, elaborado por la Comisión de Seguimiento prevista en la Disposición adicional
segunda de la Ley 27/2003, se refiere a los Puntos de Coordinación en su apartado 3.3.4.,
dentro de las “Medidas de asistencia y protección social”, partiendo de lo dispuesto en el
apartado 8 del art. 544 ter LECR, en donde dispone que, “se establecerá mediante un
reglamento general, que podrá ser desarrollado por cada Comunidad Autónoma, un sistema
integrado de coordinación administrativa que, con la finalidad de garantizar la agilidad de estas
comunicaciones, girará entorno a los siguientes ejes:
− Se establecerá un Punto de Coordinación al que el Juez remitirá la Orden de
Protección y desde el que se posibilitarán las ayudas que sean solicitadas...
− Se establecerá asimismo un sistema de comunicación, preferentemente telemático,
que permita la rápida remisión de la Orden de Protección desde el Juzgado de
Guardia al Centro de Coordinación correspondiente.
− El Punto de Coordinación asignará la asistencia y protección adecuadas a las
necesidades de la víctima, facilitando el acceso en tiempo real a las ayudas que
soliciten las víctimas”.
En este protocolo se encuentran implicados el ámbito judicial (Consejo General del poder
Judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo General de la Abogacía, Consejo General de
Procuradores, Ministerio de Justicia), ámbito policial (Ministerio del Interior) y ámbito social
(Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales y FEMP), al que se adhirió, entre otras, la
Comunidad de Madrid.
Junto a esto, existe un Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad y de
Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las victimas de Violencia
Doméstica y de Género aprobado por la Comisión de Seguimiento para la Implantación de la
Orden de Protección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género el día 10
de junio de 2004.
En la Comunidad de Madrid, el Programa de Acciones contra la Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid, 2001-2004, integrado en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Hombres y Mujeres(2002-2005) en su Área 3 establece las Medidas de cooperación y
coordinación social e institucional; en su acción 13.1.3. establece “promover la coordinación
efectiva de los diferentes profesionales intervinientes, para que se adopten las medidas de
protección y atención adecuadas a mujeres víctimas de violencia de género”.
Así, por Decreto 256/2003, de 27 de noviembre, la Comunidad de Madrid crea el
Observatorio Regional de Violencia de Género, que en su art. 2 a) establece entre sus
funciones “Coordinar las funciones y los recursos de los diferentes Centros Gestores de la
Administración Regional que lleven a cabo acciones contra la violencia de género”.
46