Informe - Save the Children

Así, muchos de los entrevistados y entrevistadas identifican la denuncia de la víctima con la
posibilidad de sacar a la luz la situación y articular las medidas adecuadas para la protección a
la madre y a sus hijos e hijas. Si no aflora el maltrato, los profesionales, las asociaciones, etc.
no tendrían conocimiento del hecho y no podrían proteger.
En general, se entiende que el hecho de que la mujer interponga una denuncia es una toma de
conciencia de su situación y con ello, un buen inicio para la protección a lo niños y niñas. Con
la denuncia se puede solicitar una Orden de Protección que tenga en cuenta a los menores, si
es necesario, además de acceder a los recursos que la propia Ley Integral reconoce; todo es
más ágil y rápido para poner en marcha los recursos de la Administración. Algunas
profesionales hablan de la perversión que esto genera y cómo esto no favorece en nada a las
víctimas. En este sentido, habría que tener más en cuenta la intervención que se realiza en
situaciones de violencia en las que no existen denuncias, para la protección, asistencia y apoyo
a la mujer y sus hijos e hijas, “porque conseguir una orden de protección es relativamente
fácil”. Con ello, queda un grupo de mujeres desprotegidas (y por ende, sus hijos e hijas) que
no se atreven ni a pensar que son maltratadas.
Aunque casi todas las madres entrevistadas han interpuesto denuncia en el proceso, su
opinión no es unánime: algunas de ellas piensan que claramente la denuncia ha favorecido la
atención de sus hijos e hijas, en otros casos no se percibe ningún cambio y en otros la
denuncia es un paso importante para romper la violencia pero no es favorecedor para los
hijos e hijas: “Una denuncia es la barrera que impide que la violencia llegue a límites mayores,
paraliza la situación, pero de cara a los niños es algo muy duro. Paralelamente sería
conveniente otro tipo de actuaciones con el maltratador” (Madre). Algunas madres también
opinan que la denuncia es una manera de “desenmascarar al agresor” y les posibilita la
salida/alejamiento de un hogar maltratante para sus hijos e hijas.
4.3.4. Valoración del régimen de visitas.
Especialmente controvertido, y vinculado con la percepción del niño y la niña como víctima,
es el punto del establecimiento y/o mantenimiento del régimen de visitas para padres
inculpados de delitos de violencia de género.
El art. 153 C.P. prevé la posibilidad de acordar la inhabilitación al agresor del ejercicio de la
patria potestad o de la guarda y custodia sobre sus hijos e hijas menores. Sin embargo, la
Judicatura considera que la suspensión del régimen de visitas a favor del agresor no es una
medida de carácter indiscriminado y de aplicación automática, sino reservada a los casos cuya
gravedad o especial naturaleza lo aconseja.
Existe una tendencia general en las Sentencias Judiciales a patria potestad compartida y
régimen de visitas, que para algunos profesionales es inadmisible ya que se considera que en el
caso de padres violentos, se antepone el derecho de éstos al de los propios niños y niñas.
Incluso se apunta la posibilidad de custodia compartida para algunos casos, haciendo primar el
bienestar del menor.
En cualquier caso, todas las profesionales indican la necesidad de valoraciones y diagnósticos
más adecuados, con personal especializado para ello, en los que no se estudie sólo a los niños
y niñas, sino también a ambos progenitores. Aunque en muchas ocasiones las madres informan
que los hijos e hijas no son maltratados por el padre es necesario un estudio más detallado de
la situación. Incluso los profesionales que trabajan en el ámbito penitenciario con agresores
hablan de la necesidad de valoraciones más completas y coordinadas: no existe coordinación
entre los Equipos Psicosociales de Juzgado y los profesionales de los Centros Penitenciarios.
Se señala también por algunos profesionales que el cumplimiento del régimen de visitas queda
demasiadas veces en la voluntad de la mujer, lo que conlleva a la utilización de los hijos e hijas
para seguir perpetuando la pelea.
En el ámbito judicial se procura separar los conflictos entre adultos de lo que son las
relaciones con los hijos e hijas, buscando el interés superior del éstos y éstas. Sin embargo
hay un reconocimiento explícito de que muchas veces las visitas se fijan más en beneficio del
padre que de los niños y niñas.
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