Informe - Save the Children

* Los recursos aún son insuficientes.
− Tanto los recursos financieros, los y las profesionales como las infraestructuras se
revelan como insuficientes para la intervención con los niños y niñas:
Casi la totalidad de los proyectos vinculados a la atención de los niños y niñas se nutren de
subvenciones que en algunos casos ya han finalizado, teniendo que cerrar la intervención. De
inicio, es insuficiente el Proyecto creado por la Administración para la atención terapéutica a
mujeres y niños y niñas ya que necesitan desplazarse al municipio de Madrid para recibir esta
asistencia.
Es necesario acercar este tipo de proyectos a los y las ciudadanas, en un momento en que la
descentralización es un principio fundamental en la prestación de servicios sociales.
La falta de dotación presupuestaria para la atención a los niños y niñas también se pone de
manifiesto en los Centros Residenciales de la red pública, en los que no se exige la
contratación de personal específico para el tratamiento de menores en estos centros.
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La escasez de profesionales específicos se pone de manifiesto en todos los ámbitos de
intervención:
Los juicios rápidos, en donde se “ordenan las relaciones familiares con el agresor”
(según palabras de la Fiscalía), tienen el problema de no permitir tal vez una
valoración individualizada de los menores, de su situación y de la conveniencia o no de
visitas con el padre por falta de personal (la ley dota de instrumentos para poder
realizar un estudio de toda la familia, y poder establecer quiénes son los afectados;
pero, según informa el ámbito judicial, esto no se hace porque se colapsarían los
servicios).
Desde esta idea de considerar a las madres únicas y últimas responsables del cuidado
y la atención de sus hijos e hijas, en la mayoría de los Centros Residenciales no
existen profesionales específicos (psicólogos infantiles, etc.) para la atención directa y
única a éstos y éstas.
No existen profesionales en Salud Mental especializados en violencia de género.
Aún no se han generalizado las unidades especializadas en la prevención de la violencia
de género para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (según contempla la
Ley Integral, art. 31.1). Fuera de Madrid-Municipio lo habitual son profesionales que
coordinan el procedimiento, pero la intervención es de todos los agentes. Si esto es
así, mucho menos factible es la especialización en la atención a los menores. Por otra
parte, nos encontramos Comisarías de Policía Nacional en las que no se valora la
existencia de los grupos especiales, considerando que la experiencia diaria es lo más
válido y no necesitando formación específica salvo para lo que supone la intervención
inmediata con la víctima y el agresor.
Es necesario apoyo a los jueces para realizar un buen diagnóstico de las situaciones,
profesionales (apoyo de policía, trabajadores sociales, psicólogos...) formados en este
tema. Algunas madres hablan de las dificultades en el ámbito judicial para interesarse
y realizar un estudio adecuado al niño y/o niña, y desde ahí ser más estrictos con las
medidas impuestas al padre.
Falta de recursos de apoyo a las mujeres que viven situaciones de violencia y que
buscan alternativas: apoyo en escuelas infantiles, ayudas económicas, acceso a
viviendas, comedores escolares, colegios con ampliación de horarios para favorecer la
incorporación al mercado laboral. “En la praxis no hay recursos para que la mujer viva
dignamente con los recursos actuales. Ni siquiera el mercado laboral ayuda, porque
las alternativas laborales no permiten una conciliación real de la vida familiar y laboral,
los horarios laborales son muy amplios, es muy difícil compatibilizar el trabajo con la
crianza de los hijos e hijas” (Atención social primaria). Las madres reclaman también
mayores dotaciones respecto a ayudas económicas.
La dotación humana y presupuestaria destinada a proyectos de prevención es
significativamente escasa.
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