Informe - Save the Children

* Muchos de los recursos son desconocidos y/o se usan inadecuadamente:
A pesar de que muchos servicios hablan de buena coordinación, se detecta poco
conocimiento de otras experiencias y realidades. Ej.: la gran mayoría de profesionales
entrevistados no conocen los Proyectos de trabajo directo con menores, que –aunque
escasos- sí existen en nuestra Comunidad Autónoma; los Juzgados siguen poniendo visitas en
Puntos de Encuentro en horarios en los que no están abiertos.
Por otra parte, se denuncia la desidia en la utilización de recursos creados que pudieran ser
útiles para la valoración y acompañamiento a las víctimas. Ej.: el Servicio de Atención a la
Víctima (SAV) está infrautilizado en la Comunidad de Madrid (de los 45 juzgados que hay en
Plaza de Castilla sólo 6 utilizan este servicio).
La mayor parte de los casos derivados llegan desde servicios sociales, policía, asociaciones,
etc. cuando deberían ser los Juzgados quienes realizaran el mayor volumen de derivaciones.
La Ley es Integral en el papel pero, falta fortalecer redes de comunicación entre todas las
instituciones y servicios que trabajan en este ámbito. Se hace necesario integrar más las
actuaciones porque falta una visión integral del problema (muchos profesionales entrevistados
señalan la falta de protocolos de coordinación específicamente con el área de Salud Mental).
Tampoco con los servicios específicos de protección al menor existe una estrecha
coordinación: no existe recogida de datos y por tanto, se carece de estadísticas que reflejen
el número de menores protegidos que proceden de entornos en donde se ha producido
violencia de género y que su protección esté directamente relacionada con este factor.
* Se reclama mayor formación específica para los y las profesionales, que
permita la creación de una red sólida de atención.
La Ley recoge “fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en
el proceso de información, atención y protección a la víctimas” (art. 2.j.). La realidad es que
poco a poco los y las profesionales comienzan a tener formación relativa a la violencia de
género, pero en ella no se contempla de forma específica la atención a los niños y niñas
víctimas de la situación aunque es algo que sale espontáneamente porque forma parte de la
vida de la víctima. Sí existe formación de menores más generalizada. Un dato curioso es que el
ámbito judicial solicita más formación y sensibilización para los Cuerpos de Seguridad,
mientras que para el ámbito social es al ámbito judicial a quien más reclaman esta formación
especializada. En cualquier caso, se hace necesaria la formación para conocer los efectos de la
violencia.
Es necesaria la reflexión y supervisión de la intervención en estos casos, como forma –inclusode
cuidado personal/profesional para los agentes que están en contacto directo con las
víctimas.
En los y las profesionales que intervienen nos encontramos con marcos teóricos diferentes
como punto de partida para la intervención. Ej.: los Puntos de Encuentro tienen dudas
respecto a ser un recurso adecuado para las visitas en casos de violencia de género. Sin
embargo, desde otros sistemas les instan a tener una formación específica en estos temas.
Estas diferencias de enfoque se hacen también patentes entre los servicios de atención
especializada y los más generalizados. Se hacen pues necesarios espacios de reflexión común,
formación conjunta y creación de equipos estables que permitan ir tejiendo una red de apoyo
en la que, cada uno desde sus competencias y especificidades, pueda ir complementándose
con las aportaciones de los otros Servicios.
En esta misma línea, hay que señalar que la atención referida al ámbito judicial, policial y de
órdenes de protección está muy protocolarizada. Generalmente se orienta a la derivación a
los servicios sociales cuando se conoce una situación de especial vulnerabilidad para los niños
y niñas y así se realice el seguimiento; pero realmente se echa en falta, de nuevo, la
intervención en red que permita el abordaje de estas situaciones desde todos los puntos de
vista posibles. Esto se hace más necesario si consideramos que –como se pone de manifiesto
en la investigación, un alto porcentaje de mujeres que se encuentran en Centros Residenciales
provienen de familias con un alto grado de desestructuración.
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