Venezuela destino incierto. Para comprender lo que pasa hoy en el ...

do, dentro y fuera de Venezuela como responsable de torturas, asesinatos
y del asalto descarado a los dineros públicos.
Reestablecida la democracia en Venezuela, el primer gobierno
constitucional elegido después del 23 de enero de 1958 obtuvo
de la administración de los Estados Unidos, país que le había servido
de segundo refugio al dictador, la extradición de Pérez Jiménez
para ser juzgado conforme a las leyes venezolanas. En agosto de
1963, el antiguo tirano fue puesto a la orden de los tribunales y condenado
el 1º de agosto de 1968, por peculado y malversación de fondos
del estado, a 4 años, 1 mes y 15 días de prisión, por lo que, cumplida
como estaba la condena, salió en libertad el mismo día en que
se le leyó la sentencia y abandonó, inmediatamente el país. Cuatro
meses después, en las elecciones generales del 1º de diciembre de
ese año, el execrado dictador fue elegido, en ausencia, senador de la
República; la organización constituida a su sombra, la Cruzada Cívica
Nacionalista, se colocó, con algo más de 400.000 sufragios obtenidos,
como la cuarta fuerza comicial de un país todavía no polarizado
electoralmente y, con base a esos resultados, se anunció la candidatura
presidencial de Pérez Jiménez para las elecciones de 1973.
A pesar de gobernar a Venezuela una consistente coalición
de fuerzas democráticas, o a lo mejor por esa misma circunstancia,
en lugar de ocuparse el liderazgo nacional de examinar críticamente
las razones y circunstancias que explicaban el resurgimiento, diez
años después de su caída, de la figura de un personaje tan severamente
condenado por la opinión pública nacional e internacional,
prefirió esconder la basura debajo de la alfombra. En efecto, los representantes
legales de la coalición democrática gobernante escogieron
el camino de impugnar judicialmente la elección del general Marcos
Pérez Jiménez como senador por no aparecer inscrito en el Registro
Electoral, juicio que, por supuesto, fue exitoso dados los factores
políticos condicionantes del veredicto del más alto tribunal de
la República. Y los representantes políticos de la alianza en el poder
promovieron en el Congreso Nacional la aprobación de la primera
enmienda de la Constitución de 1961, consistente en declarar inelegibles
para los cargos de Presidente de la República, Senador o Diputado
al Congreso y Magistrado ante la Corte Suprema de Justicia,
a quienes hubieren sido condenados a penas de presidio o de pri-
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