Venezuela destino incierto. Para comprender lo que pasa hoy en el ...

debate a pesar de la entidad de la materia, la proposición formulada
por el senador Godofredo González de proceder al nombramiento
de una Comisión Bicameral Especial encargada de someter a revisión
la Constitución de 1961 y eventualmente proponer cambios, en vista
de que se aproximaba a los treinta años de su puesta en vigencia.
Tuvimos el honor de ser designados para integrar esa Comisión en
la que mucho aprendimos con sus trabajos y no firmamos el acta final
porque, a raíz del intento de golpe de estado del 4 de febrero de
1992 pasamos a integrar el Gabinete Ejecutivo del presidente Carlos
Andrés Pérez en calidad de Ministro de Justicia del gobierno de unidad
que se formó a los días de aquel acontecimiento.
La Comisión de Revisión Constitucional, como se la llamó,
se instaló el 20 de junio de 1989. Por tener en nuestro poder copia
de las actas de las reuniones de la Comisión, consultamos la primera
dada la importancia de su contenido. En sus palabras iniciales el
doctor Rafael Caldera, Presidente de la Comisión, expresó: “la creación,
en esta oportunidad, de una Comisión de Revisión de la Constitución
la considero cónsona con las inquietudes del país, con el movimiento
dinámico de la situación social y hasta con el hecho de que
la Carta Fundamental –por primera vez en nuestra historia– va a cumplir
30 años de promulgada el 23 de enero de 1991”, con lo cual colocaba
en su justa dimensión las motivaciones reales de la decisión
política del Congreso. Después de hacer una exposición jurídica sobre
las diferencias entre “enmienda” y “reforma” de la Constitución,
se inclinó, seguramente interpretando la posición político-partidista
dominante en el momento, por trabajar en lo que sería la tercera enmienda
constitucional. Y adelantó lo que, en su opinión, podrían ser
las materias para guiar el trabajo de la Comisión: la consideración de
la idea de región en el plano administrativo; revisión de las atribuciones
de las Asambleas Legislativas; aspectos derivados de la elección
popular de los Gobernadores de Estado en su condición de
agentes del Poder Nacional; en materia de nacionalidad abrir espacio
para que los nacionalizados pudieran integrar la Cámara de Diputados
y las Asambleas Legislativas; establecer que las diferencias
entre venezolanos por nacimiento y por naturalización que no estuvieren
previstas en la Constitución carecerían de validez; la duración
del período constitucional de los Poderes Nacionales; la no reelec-
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