Revista Derecho en Sociedad, n.° 2 - Febrero 2012 - Ulacit

DERECHO EN SOCIEDAD, N. º 2. Febrero de 2012
Revista Electrónica de la Facultad de Derecho, ULACIT – Costa Rica
legitimidad popular en el principio de supremacía constitucional 35 .
Sin embargo, debemos tener cuidado: la traslación del Poder constituyente a una
forma también absoluta, en cuanto soberanía de la Constitución, relativiza tanto el concepto de
democracia y el sentido material del Estado constitucional, que posibilita su defunción 36 .
Pero, a pesar del riesgo asumido, el antagonismo entre Soberano absoluto y Estado constitucional
hace tiempo que fue superado: el poder, incluso el del pueblo en democracia, siempre
35 Ejemplo paradigmático, el artículo 1 de la Constitución Italiana: “La soberanía pertenece al pueblo, que la
ejercerá en las formas y dentro de los límites de la Constitución”. De ahí la inconsistencia de una
jurisprudencia que, como la del Tribunal constitucional español, afirma que los ciudadanos, siguiendo el
proceso de reforma constitucional, podrán modificar la Constitución sin límite material alguno: “Sólo los
ciudadanos, actuando necesariamente al final del proceso de reforma, pueden disponer del poder
supremo, esto es, del poder de modificar sin límites la propia Constitución (art. 168 CE)” (FJ 2, STC
103/2008, de 11 de septiembre, que declara inconstitucional la Ley del parlamento vasco de consulta popular para
recabar la opinión de la ciudadanía). La cláusula de intangibilidad, cuando no es explícita, como en los modelos
italiano, alemán, francés, portugués o chileno, tiene siempre que entenderse implícita, como sería en el
caso español, a pesar de la literalidad de un articulado que recoge incluso la posibilidad de una revisión
total de la Constitución; y, sin embargo, la jurisprudencia, tan lúcida en su fundamentación jurídica pero
tan poco pensada en este aspecto básico, no puede cambiar los fundamentos básicos del Estado
constitucional de Derecho.
36 La Constitución democrática no puede ser simple procedimiento, vacío de contenido axiológico. La
democracia o es material y, por ello, militante, en mayor o menor medida, o queda a merced de sus
enemigos. El término “democracia militante” procede originalmente de K. Loewenstein (1937), se recoge
por la jurisprudencia constitucional alemana en 1956 y más tarde se alude a ella como “una democracia capaz
de defenderse a sí misma”, 1975 (Thiel 2009). Así, para Denninger “no cabe duda de que el establecimiento de
un núcleo constitucional especialmente protegido contra ataques –el orden fundamental libre y democrático– y la
limitación de la (...) competencia de reforma del legislador constituyente como pouvoir constitué tienen su
origen en la misma convicción de necesidad de una estatalidad militante, de relativización no ilimitada”.
De ahí la plena vigencia de su reflexión: “La democracia en libertad únicamente puede existir como
programa y realidad en cuanto democracia pluralista, es decir, como orden político que concibe el bien
común no como una constante previamente determinada, sino como una tarea a acometer continuamente,
y como resultado de la abierta y permanente controversia política. Por tal razón, y únicamente por ello,
rechaza la democracia ideologías y proyectos totalitarios, que pretenden sustituir la apertura de la búsqueda
del bien común por una pretensión absoluta de verdad y dominación” (Deninnger 1996: 462 y 484). No
obstante, la inexistencia de valores absolutos -para todo tiempo y lugar- no significa que la democracia
sea tan relativista como para mantenerse impasible ante su propia destrucción. Y, sin embargo, para el
Tribunal constitucional, el modelo de democracia militante no tiene cabida en España; y lo razona de una manera tan
endeble como la siguiente: ya que carece “para ello del presupuesto inexcusable de la existencia de un
núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional que, por su intangibilidad
misma, pudiera erigirse en parámetro autónomo de corrección jurídica. (...). La Constitución española, a
diferencia de la francesa o la alemana, no excluye de la posibilidad de reforma de ninguno de sus
preceptos ni somete el poder de revisión constitucional a más límites expresos que los estrictamente
formales y de procedimiento” (FJ 7 STC 48/03, de 12 de marzo). Dejar la Constitución y la democracia en
manos, sin más, de “límites estrictamente formales y de procedimiento” es sucumbir a la dictadura de la
forma y, por ello, a la tiranía de las mayorías, olvidando la principal delimitación de todo Estado
constitucional: la protección de la libertad y de los derechos fundamentales y la renuncia a la concepción
del poder soberano como absoluto y total. Pero, aunque lo dijera Agamenón, el modelo constitucional
democrático no puede confundirse con una mera técnica formal.
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