Derechos humanos y justicia - Ediciones Universitarias

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Derechos humanos y
justicia para los pueblos
indígenas_En estos campos de la justicia, la
población indígena ha sido tradicionalmente discriminada y
rezagada, víctima de distintas formas de “injusticia” (que es,
precisamente, la ausencia de justicia).
En nuestro medio usamos ampliamente tres conceptos
del término “justicia”. El primero se refiere
a las instancias y procedimientos judiciales
que “imparten” la justicia. El segundo se refiere
al concepto más político de “justicia” social y
económica que tiene que ver con el diseño, la
aplicación y los resultados de diversas políticas
públicas. Estos dos usos están, sin embargo, anclados
en la concepción fundamental de la justicia como un valor
ético y moral que se supone subyace a los otros dos usos.
En estos campos de la justicia, la población indígena ha sido
tradicionalmente discriminada y rezagada, víctima de distintas
formas de “injusticia” (que es, precisamente, la ausencia de justicia).
Las dos primeras concepciones de justicia están estrechamente
vinculadas no sólo por su origen histórico sino también
en cuanto a su expresión en la legislación. En décadas recientes
han sido entrelazadas aún más en el discurso de los derechos
humanos. Hoy en día ya no se puede hablar de justicia sin hacer
referencia forzosamente a los derechos humanos. Desde el mes
de junio de 2011 el artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos dice que todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Por otro lado, el artículo 2º, modificado en 2001, dice reconocer y
garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas
a la libre determinación.
México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales y
firmó en 2007 la Declaración de la ONU sobre los derechos de
Rodolfo Stavenhagen_Estudió Artes en la Universidad de Chicago, y es maestro en
Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y doctor en Sociología por
la Universidad de París. Ha sido profesor en múltiples universidades de México y el extranjero. Es
investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México y pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores. Especialista en sociología agraria, minorías étnicas, derechos humanos, conflicto étnico,
pueblos indígenas y desarrollo social, es uno de los más importantes estudiosos del entorno agrario en
México. En 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU lo designó como Relator Especial sobre
la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Fue presidente
fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Ha recibido diversos premios y distinciones
nacionales e internacionales, y es autor de numerosos libros, muchos de ellos de referencia internacional;
entre los más recientes destacan La cuestión étnica, Derechos humanos de los pueblos indígenas, y
Conflictos étnicos y Estado nacional.
los pueblos indígenas además de muchos otros instrumentos jurídicos
internacionales en la materia. No es, pues, por falta de textos
constitucionales, legislativos o internacionales que los indígenas
en México siguen siendo víctimas de la “injusticia”. Tampoco es
por desconocimiento de sus derechos ahora reconocidos en la
Constitución, en las leyes y en la legislación internacional de la
que nuestro país forma parte.
La explicación probable ha de encontrarse en la estructura económica
y del poder político en el país. Por razones históricas bien
conocidas los pueblos han sido ignorados, negados, excluidos,
marginados y relegados sistemáticamente por los grupos dominantes
y todos los gobiernos que se han sucedido desde la Independencia.
Primero el conservadurismo y el liberalismo, luego el
latifundismo, después el corporativismo nacionalista y, por último,
el neoliberalismo rampante y globalizante; todos estos “ismos”,
que han caracterizado las distintas etapas de nuestra historia desde
hace dos siglos, contribuyeron a la perenne injusticia en la que se
encuentran inmersos aún hoy los pueblos indígenas del país. El
régimen colonial español se convirtió en un colonialismo interno
que se expresó en una persistente “colonialidad del poder”, que
no permitió completar la plena ciudadanía de los indígenas. En
otras palabras, ha existido en México la contradicción entre un
país formal, el de las leyes y las instituciones, y un país real, el de
la vida cotidiana, del ejercicio del poder, de la acumulación del
capital, del caciquismo, del clientelismo, de la corrupción y de la
persistente cultura de la transa.
Sin embargo, las ocasionales aperturas del estado a la pluriculturalidad,
y la creciente capacidad de organización de la sociedad
civil, especialmente la de los pueblos indígenas, han permitido la