Derechos humanos y justicia - Ediciones Universitarias

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dente postura de la Santa Sede: de tipo
moral y doctrinal; de tipo político (los intereses
de Estado en su relación con otros
países); y de orden institucional, ya que en
el Estado Vaticano no hay separación de
poderes ni una protección adecuada de los
derechos de sus miembros. Todo deriva de la
monarquía absoluta pontificia, fruto de la reforma
gregoriana del siglo XI, que no se ajusta a los
patrones de las sociedades democráticas y participativas.
Subsiste la distancia entre la mentalidad de las sociedades y la
eclesiástica, lo cual lleva, fácilmente, a que la Iglesia, en cuanto
institución, se entienda más fácilmente con Estados confesionales
y regímenes patriarcales, como los de los países árabes, que con
las modernas democracias. El Concilio Vaticano II, que buscó el
aggiornamento de la Iglesia y una relación positiva con el Estado
no confesional, no ha tenido la debida continuidad en los últimos
cincuenta años, manteniéndose la brecha entre la doctrina teológica
oficial y la praxis real de la institución jerárquica.
A esto hay que añadir los problemas que plantea, a la constitución
interna de la Iglesia, la doctrina de los derechos humanos,
que defiende la participación libre, igualitaria y fraternal de todos.
a los derechos humanos de expresión, de
participación y de religión, por lo que los
derechos humanos que derivan de ahí no
pueden estar garantizados.
Esta privación de derechos redunda en
contra de la misma Iglesia, cuando ésta los
proclama para la sociedad civil y el Estado. La
innegable defensa de los derechos humanos de
los oprimidos en América Latina y otras partes del
mundo, en la segunda mitad del siglo XX, por parte
de la Iglesia Católica y algunas corrientes teológicas, como la
teología de la liberación, tropezó con los intereses políticos de la
institución eclesial, que buscaba mantener buenas relaciones diplomáticas
con regímenes que violaban los derechos humanos. De
ahí la creciente indefensión de los que defendían a los oprimidos
por el Estado, como Óscar Romero, Hélder Câmara o monseñor
Leonidas Proaño que no tuvieron apoyo de los representantes de
la misma Iglesia, de los nuncios y de las congregaciones romanas.
Fácilmente se persiguió a los defensores de los derechos, como si
fueran comunistas, revolucionarios e incluso terroristas, como los
denominaba la propaganda política oficial, sin que las jerarquías
eclesiales los defendieran de estos ataques.
_El problema de la mujer en la Iglesia Católica estriba, en buena parte, en el
no reconocimiento de sus derechos igualitarios, no sólo en lo que concierne al
acceso del ministerio sacerdotal.
El problema de la mujer en la Iglesia Católica estriba, en buena
parte, en el no reconocimiento de sus derechos igualitarios, no
sólo en lo que concierne al acceso del ministerio sacerdotal. También,
en el mantenimiento de un régimen patriarcal y clerical,
que, de facto, hace de los laicos personas de segunda categoría. De
estas líneas surge la concentración del poder y la autoridad en la
cúspide de la jerarquía, más en línea con la Iglesia como “sociedad
perfecta”, asimilable al Estado decimonónico, que con la concepción
conciliar de “pueblo de Dios”, basada en la comunidad, en la
igualdad primaria de todos los bautizados, aunque haya diferencias
carismáticas y ministeriales, y en la comunión como participación
de todos.
Desde el Concilio Vaticano II hay una gran distancia entre la
teología desarrollada en las dos constituciones sobre la Iglesia y la
praxis real. La organización institucional sigue respondiendo más
al modelo que surgió de la Contrarreforma, sancionado en el Vaticano
I, que a los cambios y aperturas de la década de los sesenta. El
carácter monárquico y absoluto de la autoridad papal, se extiende
así a los obispos y alcanza a los mismos ministros sacerdotes, elaborándose
una teología del ministerio en clave de servicio, sin que se
altere la figura real de éste como protagonista. El sacerdote es jefe
absoluto, que decide, en última instancia, sin tener que contar con
la comunidad, con la sola condición de que se someta a la decisión
de la jerarquía superior a él. Este modelo no puede dar cabida real
La Iglesia Católica se mueve entre la aceptación de una doctrina
que hoy es unánime en Occidente y muy mayoritaria en el mundo,
y la necesidad de una reforma interna y externa que comenzó
en el Concilio y no ha tenido continuidad posterior. La paradoja
aumenta cuando muchos de estos derechos sobre libertad,
igualdad y fraternidad encajan mejor en la eclesiología patrística
y del primer milenio, que en la medieval y de la Contrarreforma.
Por eso, hay frecuentes manifestaciones a favor de un Concilio
Vaticano III que posibilite estos derechos en el foro interno de la
Iglesia. La falta de sincronía entre los principios directrices de las
sociedades democráticas y la constitución interna de la Iglesia y
del Estado del Vaticano, bloquean y neutralizan muchas apelaciones
morales y sociales de las Iglesias en la sociedad. Además, son
un motivo de increencia y de rechazo del catolicismo.
En definitiva, hay que superar la negatividad inicial respecto de
los derechos humanos por el magisterio jerárquico y aplicarlos
hoy para que tengan vigencia real y se acomoden a una nueva
etapa histórica, en el marco de sociedades secularizadas, de Estados
laicos y de derechos ciudadanos que derivan de la dignidad
humana.
1 Una amplia y detallada referencia sobre estos convenios puede encontrarse en
J. M. Castillo, La Iglesia y los derechos humanos, Bilbao, Desclée de Brower, 2007,
pp. 47-77.