Derechos humanos y justicia - Ediciones Universitarias

Caso Rosendo
Radilla Pacheco.
_En la sentencia de Rodolfo y Teodoro, que
es la más reciente de la Coidh, tampoco
hay avances importantes; sólo se ha
realizado un acto protocolario de compromiso de
cumplimiento de la sentencia el 21 de julio del
presente año.
beneficiar a la mujer, su salud y educación en las comunidades a
las que pertenecen. Ambas víctimas son de la Costa Chica en la
montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres del país.
En este caso, apenas se han establecido mesas de trabajo con la
Secretaría de Gobernación y los representantes de las víctimas, en
los temas de salud y educación; pero nada con respecto al acceso
a la justicia.
En el caso del señor Rosendo Radilla, la Coidh ordenó que el
Estado mexicano investigue e informe sobre su paradero e investigue
y sancione a las personas responsables: ambos puntos no
tienen avance alguno. Además, ordenó la modificación del artículo
57 del Código Militar y la modificación del artículo 215 del
Código Penal Federal para establecer una definición de desaparición
forzada congruente con las obligaciones internacionales.
El fuero y la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar
que ordena la Coidh para que una violación de derechos humanos
nunca sea jurisdicción de fuero especial —con el propósito
de no violar el debido proceso y lograr la imparcialidad— es
todavía un tema muy discutido y controvertido en nuestro país.
Después de la limitada iniciativa legal del
Ejecutivo (octubre de 2010) de sólo dejar
fuera la tortura, la desaparición forzada
y la violación, el 12 de julio de 2011, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
determinó la limitación del fuero militar
para conocer de violaciones de derechos
humanos. Ello quizá abra la puerta para
que no se repita esta doble violación de
derechos humanos a la que se enfrentaron
Inés, Valentina, Rodolfo, Teodoro y la familia
de Rosendo.
Si, como se pretende en la nueva legislación
sobre Seguridad Nacional, con esta
medida se logran generar cambios estructurales
y no reproducir el riesgo latente de
simulación que facilita la actuación discrecional
de la autoridad, se evitará que los
casos que ya se encontraban en la CIDH y
que tenían posibilidad de pasar a la Coidh,
o los que probablemente llegarían por el
contexto de la lucha contra el narcotráfico,
tengan oportunidad de acceder a la
justicia en el ámbito nacional.
En el caso de Claudia, Esmeralda y
Laura, conocido también como Caso Campo Algodonero, las
acciones han sido constantes y variadas, aunque se reconoce que
no necesariamente significa o debe interpretarse como que se
está cumpliendo la sentencia, ni que se está haciendo de la forma
debida. Para ello, ha ayudado la intervención de diversos actores
gubernamentales y de la sociedad civil que están presentes y generando
discusiones al respecto. Ya se hizo el pago de las indemnizaciones
y ya se publicaron las sentencias, que por cierto éste es
un punto que no ha tenido mayor complicación para el Estado en
ninguno de los cinco casos. Hay avances para la estandarización de
protocolos, servicios periciales, impartición de justicia, como en
el nuevo Protocolo de búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas.
También se está discutiendo sobre el establecimiento del Banco
Nacional de Información Genética, y se impulsó la creación de la
Ley Nacional para el Registro de Personas Desaparecidas.
En la sentencia de Rodolfo y Teodoro, que es la más reciente
de la Coidh, tampoco hay avances importantes; sólo se ha realizado
un acto protocolario de compromiso de cumplimiento de
la sentencia el 21 de julio del presente año. Habrá un indicador
21