Derechos humanos y justicia - Ediciones Universitarias
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11<br />
_El régimen colonial español se convirtió en<br />
un colonialismo interno que se expresó en<br />
una persistente “colonialidad del poder”,<br />
que no permitió completar la plena ciudadanía de<br />
los indígenas.<br />
Foto:Corbis<br />
creación de espacios de confrontación y negociación en los que se<br />
plantean y debaten alternativas y estrategias de cambio.<br />
El racismo excluyente que caracterizaba el discurso público todavía<br />
a principios del siglo pasado fue sustituido paulatinamente<br />
por la política indigenista integradora que surgió de los primeros<br />
gobiernos posrevolucionarios. La idea del mestizaje racial y cultural<br />
junto con la integración modernizante promovida desde el<br />
Estado hizo pensar que pronto el “problema indígena,” como se le<br />
llamaba, sería resuelto en pocas décadas… al desaparecer los indígenas.<br />
En efecto, la población definida como indígena disminuyó<br />
a lo largo del siglo XX de más de 30% a menos de 15% de la población<br />
total, pero en números absolutos ha seguido aumentando.<br />
Es en el área de la <strong>justicia</strong> que se han reportado las mayores desigualdades<br />
y violaciones a los derechos indígenas en México. En el<br />
informe sobre mi misión a México en 2003 como Relator Especial<br />
de la ONU para los derechos de los indígenas, señalé la falta de<br />
traductores en lenguas indígenas, la poca capacitación de los defensores<br />
de oficio que operan en zonas indígenas, la discriminación y<br />
el racismo en los ministerios públicos, los tribunales y las cárceles,<br />
la práctica de la tortura y abusos físicos, la detención arbitraria, las<br />
desapariciones forzadas, los maltratos a las mujeres y las niñas.<br />
Las irregularidades que sufren los presos indígenas han obligado a la<br />
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),<br />
la Comisión Nacional de los <strong>Derechos</strong> Humanos (CNDH) y algunos<br />
gobiernos estatales a establecer programas de excarcelación que han beneficiado<br />
a numerosos detenidos en distintas partes de la República. La<br />
CDI vigila, con medios insuficientes, la estricta aplicación de la ley a los<br />
indígenas inculpados. Un programa semejante funciona en el estado de