Derechos humanos y justicia - Ediciones Universitarias

IBEROderechos humanos y justicia_examen
18
Salvaguardar la
dignidad de las
personas_23 años del
Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez
José Rosario Marroquín
Farrera_ Licenciado en Filosofía y Ciencias
Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (Guadalajara, Jalisco) y
licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México. Ha sido coordinador
de vinculación con proyectos de desarrollo, en la región
del Istmo (Oaxaca), del Servicio Jesuita de Jóvenes
Voluntarios de 2003 a 2007. Actualmente es director
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, del que fue también coordinador del área de
comunicación y análisis, de 2007 a 2011.
Foto: Corbis
El consenso internacional sobre la necesidad de
normas y procedimientos de alto valor, capaces
de evitar la repetición de atroces violaciones a
los derechos humanos, como las producidas
por el horror nazi, condujo a la emergencia y
gradual consolidación de un régimen internacional
de los derechos humanos, tres de cuyas
expresiones fundamentales son la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, el desarrollo de este régimen —con sus ramificaciones
regionales— ha sido limitado por la emergencia de
poderes transnacionales opuestos a la vigencia de sus normas,
por la afirmación de la soberanía de los Estados nacionales y por
la perpetuación de dinámicas locales opuestas a toda forma de
emancipación.
Las violaciones nacionales han constituido el foco de la atención
internacional, razón por la cual los derechos humanos se
han convertido en un asunto sensible. Sin embargo “el registro de
violaciones de derechos humanos ocurridas en todas las esquinas
del sistema mundo […] es un comentario cruel al discurso dominante
de los derechos humanos y una negación abierta de la
validez práctica de las declaraciones internacionales basadas en el
consenso normativo”. 1
Ante la frecuencia y sistematicidad de estas violaciones, la defen-
sa y promoción de los derechos humanos, realizada por colectivos
e individuos, se ha levantado como un pilar fundamental para
la defensa de la dignidad humana frente al poder de los Estados
nacionales y de poderes económicos y criminales. En México, a
las acciones gubernamentales en materia de derechos humanos
le ha precedido la actividad —cada vez más diversa— de organizaciones
civiles y movimientos sociales cuyo desempeño ha sido
notable al impulsar la creación de condiciones que propicien la
vigencia de estos derechos de manera integral e inclusiva.
En este contexto se ubica la actividad de promoción y defensa
realizada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez, fundado hace 23 años. Durante su existencia quienes
lo integran han incursionado en diversos campos a partir de enfoques
complementarios que tienen como eje la defensa integral
de personas y colectivos cuyos derechos han sido vulnerados por
las acciones u omisiones gubernamentales.
México, sin haber experimentado formalmente el terror de una
dictadura en los últimos cien años, ha sido escenario de prácticas
autoritarias fomentadas o toleradas desde las mismas instancias
gubernamentales. La cultura autoritaria ha permeado a la misma
sociedad proclive a la aprobación de medidas restrictivas a cambio
de garantizar bienes intangibles erigidos como fetiches que justifican
cualquier exceso, omisión o discriminación.
Pese a que se ha proclamado el tránsito a la democracia, éste no
se ha producido debido a que se ha omitido identificar y llamar
a cuentas a los responsables de violaciones a derechos humanos