Derechos humanos y justicia - Ediciones Universitarias

Digna Ochoa, Jacinta Francisco Marcial, Rodolfo
Montiel y Teodoro Cabrera.
ocurridas durante el pasado reciente bajo el pretexto de la defensa
de la seguridad nacional. La ausencia de un proceso de transición
constituye también uno de los factores que favorecen en la época
actual la violación de derechos humanos, sea en nombre de la
seguridad pública o interior, sea en nombre del desarrollo y la
integración a la economía mundial.
Numerosos detalles, tantos como los que nos alejan, nos acercan
al México de antaño. Nuevas dinámicas sociales dan forma a modos
de vida ideados para salvaguardar la dignidad de las personas.
Pero igualmente nuevas dinámicas sociales tejen el entramado sobre
el que son cometidos numerosos atropellos a esta misma dignidad.
Migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos,
defensores de bosques, luchadores sociales, líderes comunitarios,
personas que otorgan ayuda humanitaria, trabajadores, mujeres,
gente desplazada, personas con discapacidad, adquirientes de
vivienda defraudados, integrantes de pueblos indígenas, jóvenes
en situación de marginación, pobladores urbanos empobrecidos,
personas con opciones sexuales diversas, constituyen hoy el mun-
_México, sin haber
experimentado formalmente
el terror de una dictadura en los
últimos cien años, ha sido escenario de
prácticas autoritarias fomentadas
o toleradas desde las mismas instancias
gubernamentales.
do amplio de las víctimas vulneradas de múltiples formas en su
dignidad.
Ante estas víctimas, de las que se intenta negar su humanidad,
padecemos las mismas instituciones y procedimientos del México
que parecía superado: ministerios públicos omisos en su labor
de investigación, funcionarios que autorizan la construcción de
obras que afectan a las mayorías despojadas, autoridades cómplices
de quienes ofrecen bienes de mala manufactura —como los
empresarios de la construcción—, jueces carentes de independencia,
concesiones que se avienen mal con un ambiente sano,
policías y militares perpetradores de abusos, caciques que emplean
en provecho personal las instituciones del Estado, delincuentes
encumbrados, inquisidores con permiso para reprimir e imponer
su visión del mundo…
Desde el acompañamiento cercano a las personas cuyos casos
han sido asumidos (son numerosos los rostros y los nombres que
pueblan el corazón: Concepción, Jacinta, Alberta, Teresa, Rodolfo,
Teodoro, Daniel, Digna, Basilia, Jorge, Nadia y una lista de topónimos
que evocan más rostros), las colaboradores y colaboradores del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)
han sido testigos de la sistemática violación de derechos humanos
que constituye un rasgo central de los diversos gobiernos incapaces
de asumir una política de Estado respetuosa de estos derechos.
Hay voces que niegan este carácter sistemático; los argumentos
no resisten un somero análisis. Impunidad, falta de capacidad, rasgos
autoritarios, instituciones anquilosadas, prácticas viciadas, sed
de venganza y permisividad social ante los atropellos se articulan
para dar forma a un sistema que da por resultado las violaciones
de derechos humanos cometidas en México.
Es amplio el catálogo de las obligaciones incumplidas por el
Estado mexicano en relación con los derechos cuya vigencia ha
ratificado en diversos instrumentos internacionales sobre los cuales
construye un espejismo que le sirve como carta de presentación
ante el mundo. Han sido asumidas diversas obligaciones, que
incluso han quedado ya reconocidas constitucionalmente a partir
de la reforma en materia de derechos humanos, pero éstas no se
han traducido actualmente en el desarrollo de instancias efectivas
ni en el cumplimiento cuidadoso de las obligaciones contraídas.
En algunas ocasiones esta carencia es producto de inercias y de
prácticas superables; en otras, esta carencia es el resultado de una
negativa a acatar las obligaciones voluntariamente asumidas.
Un grave problema para la defensa de los derechos humanos, no
sólo en México, sino en el mundo, lo constituye la preponderancia
de los Estados nacionales que son los que en última instancia
deciden si aplican o no las medidas asumidas en el ámbito internacional.
Su monopolio, erosionado lentamente por la acción
transnacional de organizaciones locales de derechos humanos y
por los puentes establecidos entre las víctimas de violaciones a
estos derechos, es un obstáculo que debe trascenderse.
La creación de auténticas políticas de derechos humanos que
hagan posible la erradicación del temor y de la miseria es una tarea
que trasciende los límites arbitrarios que caracterizan la actual
configuración mundial. Si los derechos humanos se han definido
hasta ahora en relación con los Estados nacionales, las voces de
las personas cuyos derechos han sido violados constituyen hoy
el principal aliento para buscar consolidar un régimen que sea
capaz de superar los horrores de la época actual; porque lo que
caracteriza a estas personas no es la situación de vulneración sino
la afirmación de su dignidad. En este empeño común hemos sido
partícipes al asumir la defensa de casos concretos.
1 Santos, Boaventura de Sousa, Sociología jurídica crítica, Trotta/ILSA, Madrid,
2009, p. 417.
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