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RECOMENDACIONES INTERNACIONALES A MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CONTRASTES CON LA SITUACIÓN EN EL PAÍS
Introducción
A 10 años de inicios del siglo XXI, y considerando los avances desarrollados desde la filosofía
política y el derecho internacional de los derechos humanos, parecería extraño seguir escuchando
que las personas continúan siendo víctimas de conductas atroces como las ejecuciones arbitrarias,
la tortura, las desapariciones forzadas, el apartheid, el genocidio, la trata de personas, la esclavitud,
y cualquier forma de violencia contra las mujeres; más aún si consideramos que los Estados se han
comprometido a erradicar estas conductas, y muchas de estas prohibiciones devienen desde mediados
del siglo XX. No obstante lo anterior, diversos reportes de la comisión de estas conductas
prohibidas son cosas de todos los días en el mundo y en México según diversos reportes de organismos
de la sociedad civil. 1
Las reflexiones que se generan de seguir escuchando que en el mundo se siguen realizando estas
conductas, nos lleva a preguntar si el Estado puede erradicarlas. La respuesta desde el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos es que sí se puede, pero es importante que se sigan las
directrices de política pública que se consideran más adecuadas para lograr ese cometido. Parte
de esas pautas derivan de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos
humanos, reforzadas con el análisis que se hace de la forma en que se han implementado a partir
del estudio de informes periódicos o casos concretos resueltos a nivel internacional.
El presente artículo tiene como objetivo desglosar las principales obligaciones que tiene el Estado
mexicano en relación con la prohibición de violaciones graves de derechos humanos y las recomendaciones
que le han hecho los diversos mecanismos internacionales de protección.
Obligación de prohibir las violaciones graves de los derechos humanos
A inicios del siglo XX, derivado de los hechos atroces causados por la Segunda Guerra Mundial,
la comunidad internacional desarrolló mecanismos para sancionar a las personas responsables,
pero para ello primero tuvo que determinar obligaciones subjetivas y así atribuir la responsabilidad
individual para casos similares a los sucedidos en esa guerra.
El derecho vigente y su interpretación sólo permitieron la persecución penal de criminales de
guerra en los tribunales militares de Núremberg y Tokio, así como en jurisdicciones locales a partir
de la Ley No. 10 del Eje de Control Aliado; sin embargo, miles de hechos atroces dejaron de ser
perseguidos por no poder cumplir con los principios de derecho penal clásico, nullum crimen, nullum
poena sine lege, que al día de hoy se traducen en un principio de legalidad ampliamente reconocido
por tratados internacionales de derechos humanos y por el Estatuto de Roma que crea la Corte
Penal Internacional (CPI). 2
1
Human Rights Watch, 2013; Human Rights Watch, 2011.
2
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art.15; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9;
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, art. 7; Carta Africana sobre
los Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 6; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, arts. 22 y 23.
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