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RECOMENDACIONES INTERNACIONALES A MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CONTRASTES CON LA SITUACIÓN EN EL PAÍS
Conclusión
Ante el incremento de ataques y amenazas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos
en México y la agudización de los riesgos que enfrentan, particularmente desde que dio inicio
la llamada “guerra contra la delincuencia organizada” en 2006, la comunidad internacional ha
instado en diversos foros multilaterales al Estado mexicano a garantizar un entorno de seguridad
en el que quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos puedan desempeñar su labor
sin riesgo a padecer ataques o agresiones en su contra. Diversos mecanismos internacionales de
derechos humanos han expresado también su preocupación y han emitido numerosas recomendaciones
para avanzar en la consolidación de una política pública que diera respuesta al contexto
de violencia.
Durante estos últimos años, las múltiples recomendaciones internacionales relacionadas con la
protección de las y los defensores de derechos humanos han impulsado y fortalecido los esfuerzos
que por años han llevado a cabo numerosas organizaciones de la sociedad civil de cara a la instalación
de un Mecanismo de Protección. Si bien la mayoría de las recomendaciones internacionales
han sido formuladas de forma genérica, definitivamente han marcado la pauta para detonar procesos
de diálogo a los que las autoridades se habían negado con anterioridad. Más aún, en ocasiones
sirvieron también para que, durante el proceso de diseño y redacción de la Ley de Protección, se
incluyeran aspectos fundamentales que ayudaran a resolver los principales obstáculos enfrentados
por las y los defensores de derechos humanos cuando solicitaban medidas de protección de parte
de las autoridades.
No obstante, es fundamental recordar que una ley por si misma nunca resolverá los problemas en el
terreno. Si bien la Ley de Protección es un paso importante hacia la conformación de una política
pública integral en la materia, en la que se han retomado parte de las recomendaciones y estándares
internacionales en la materia, aún queda mucho por hacer no sólo para garantizar su adecuada
implementación, sino por resolver otros pendientes que van más allá de la propia Ley, incluyendo
la absoluta impunidad imperante frente a los casos de amenazas y agresiones contra personas defensoras
de los derechos humanos.
El poco tiempo desde la aprobación de la Ley y la instalación formal del Mecanismo de Protección
no permite analizar a profundidad la efectividad de una política pública tan compleja. Si bien las
organizaciones de la sociedad civil han logrado importantes avances al respecto, se requiere aún del
impulso de la comunidad internacional para asegurar su efectiva implementación y adecuado funcionamiento.
Hasta ahora, la gran mayoría de las recomendaciones internacionales se han enfocado
en visibilizar la grave situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos
en México, resaltando la necesidad de desarrollar una política pública en la materia. Tras haber sido
aprobada la Ley de Protección, se vuelve fundamental contar con la asesoría técnica especializada
de los mecanismos internacionales de derechos humanos para asegurar su consolidación.
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