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LA INCORPORACIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
La Ley mexicana es la primera en su tipo que incorpora la obligación de prevenir los ataques y
agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos humanos como una obligación del
Estado. Al establecer una unidad específica dedicada a la prevención, el Mecanismo de Protección
cuenta con facultades de emitir recomendaciones de política pública, e incluso de reformas de ley,
que busquen atender las causas estructurales que generan los riesgos para las personas defensoras
de derechos humanos. Asimismo, la Unidad de Prevención tiene el mandato de implementar un
registro nacional de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos que permita dar
cuenta de los diversos patrones de agresiones que enfrentan, incluyendo tipo de agresión, perpetradores
y regiones donde con mayor frecuencia acontecen tales hechos. 68
La Ley busca incorporar también las recomendaciones en que se insta a que el Mecanismo de
Protección cuente con “la plena participación de las organizaciones de derechos humanos en el diseño,
implementación y monitoreo de este mecanismo nacional”. 69 Desde el momento en que comenzó
el proceso legislativo, las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a defensores de derechos humanos
y periodistas, formaron parte activa en las mesas de trabajo en el Congreso a fin de que las experiencias
y necesidades de quienes se encuentran en riesgo en el terreno fueran reflejadas en la Ley.
Ésta ha sido una buena práctica que el Congreso debiera retomar en su trabajo, pues la experiencia de
la misma ha sido positiva y valorada no sólo por las organizaciones de la sociedad civil, sino también
por distintos actores internacionales que han dado seguimiento al tema. Por otro lado, la conformación
de un Consejo Consultivo como uno de los órganos principales del Mecanismo, integrado por
miembros de la sociedad civil, ha permitido enriquecer las decisiones mediante la experiencia técnica
y práctica de quienes se encuentran en riesgo.
Finalmente, el otro aspecto que ha sido reiterado en múltiples ocasiones por mecanismos internacionales
de derechos humanos, ha sido la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de
amenazar y atacar a defensores y defensoras de derechos humanos. 70 La Relatora Especial sobre la
situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos ha reiterado también la necesidad
de poner fin a la impunidad relacionada con este tipo de hechos, pues al no sancionarlos se
envía un mensaje de permisividad que perpetúa el ciclo de agresiones. 71
Desafortunadamente, la Ley de Protección no contiene medidas específicas que permitan asegurar
investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables. Si bien el Mecanismo contiene medidas
encaminadas a facilitar la implementación de medidas de protección para defensores y defensoras
de derechos humanos, la justicia debe ser un camino paralelo que el Estado tiene la obligación de
cumplir, pues cuando los responsables de atacar y agredir a defensores de derechos humanos no
son sancionados debidamente, permite que estos actos continúen con el fin de silenciar aquellas
voces que les incomodan.
68
Art. 23, fracciones II y III de la Ley.
69
GTDFI, 2011: párr. 111.
70
ComitéDH, 2010: párr. 20.b; CTM, 2011: párr. 51; CDN, 2011: párr. 22; GTDFI, 2011: párr. 111; CAT, 2012: párr. 14.c;
CEDAW, 2012: párr. 25.c.
71
Relatora Especial sobre la situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 2011: 26.
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