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RECOMENDACIONES INTERNACIONALES A MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CONTRASTES CON LA SITUACIÓN EN EL PAÍS
Las amenazas han sido la forma de agresión más común en contra de las personas defensoras de
derechos humanos durante los últimos años, así como las injerencias arbitrarias y allanamientos
ilegales a las oficinas de organizaciones de derechos humanos. 9 Sin embargo, cerca del 20% de los
ataques documentados estuvieron relacionados con ataques contra la vida o integridad. 10
El trabajo de las y los defensores de derechos humanos se da también en un contexto de criminalización,
en el que se ha documentado el uso del sistema de justicia para incriminar falsamente a
defensores y defensoras de derechos humanos como una forma de obstaculizar su trabajo. 11 Con
frecuencia, autoridades locales y federales han detenido de forma arbitraria a defensores y defensoras,
abriéndoles procesos por daño a propiedad ajena, sabotaje o ataques a las vías de comunicación.
Incluso en ocasiones han sido acusados falsamente de robo, secuestro u homicidio con el fin
de impedir que sigan desempeñando su labor. 12
Sin embargo, a pesar del contexto de violencia que enfrentan defensoras y defensores de derechos
humanos en todo el país, y del aumento sostenido de ataques y agresiones en su contra, la impunidad
por todos estos hechos es prácticamente absoluta. A la fecha, según diversos informes de
organismos tanto nacionales como internacionales, no existe una sola sentencia condenatoria por
tales hechos. A pesar de que en ocasiones las investigaciones por estos actos son iniciadas en el
ámbito penal, los avances en las mismas son mínimos. Tan sólo en el 5% de los casos documentados
por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ONU-DH) en México se identificó a los agresores, y sólo en 3% se detuvo a los responsables. No
obstante, en ninguno de estos casos se ha dictado aún sentencia. 13 Tal impunidad envía un mensaje
de que estos hechos son permitidos, perpetuando un ciclo de violencia en su contra en que
las autoridades mexicanas parecen incapaces de investigar y sancionar adecuadamente a aquellos
responsables por los hechos.
Si bien con frecuencia las personas que han sufrido este tipo de ataques o amenazas no pueden identificar
a los perpetradores, es de destacarse que cerca del 25% del total de los casos documentados
por la ONU-DH en México han identificado a funcionarios públicos involucrados en las agresiones. 14
Particularmente en aquellos estados en que se han desplegado las Fuerzas Armadas en labores de seguridad
pública, los riesgos para las y los defensores de derechos humanos han sido mayores. Incluso
en estados como Chihuahua o Guerrero, se ha documentado la complicidad de las autoridades con
bandas del crimen organizado a fin de que éstas lleven a cabo el “trabajo sucio”. 15
9
ONU-DH México, 2013: 11.
10
ONU-DH México, 2013: 12.
11
AI, 2010: 2-3.
12
ONU-DH México, 2009: 14.
13
ONU-DH México, 2013: 16.
14
ONU-DH México, 2013: 13.
15
ONU-DH, 2009: 16.
40