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RECOMENDACIONES INTERNACIONALES A MÉXICO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CONTRASTES CON LA SITUACIÓN EN EL PAÍS
Asimismo, la Ley contiene también disposiciones para facilitar la coordinación y cooperación entre
autoridades locales y federales. La división política de México como un Estado Federal ha revelado
en distintas ocasiones la falta de coordinación entre los tres distintos niveles de gobierno que,
sumado a la falta de protocolos claros para la implementación de las medidas de protección, a final
de cuentas resulta en que tales medidas nuca sean llevadas a la práctica, siempre justificando la
inacción en alguna otra instancia de gobierno. La Ley prevé la obligación de las distintas entidades
federativas a suscribir convenios de colaboración para hacer más expedita la implementación de las
medidas. 61 Si bien los convenios no tienen un carácter vinculante, en principio debieran suponer
una herramienta de colaboración entre los distintos niveles de gobierno.
La conformación misma de la Junta de Gobierno debiera resultar también en una mejor coordinación
entre las distintas instancias del Gobierno Federal encargadas de garantizar la protección
a las personas defensoras de derechos humanos. Justamente la inclusión de dichas Secretarías en
el órgano máximo de toma de decisiones debiera llevar a un mayor diálogo que facilite el intercambio
de información, de buenas prácticas y de experiencias previas para mejorar las condiciones
de seguridad de quienes se encuentran en riesgo. Para ello, la Ley también establece que los
representantes del Gobierno Federal tengan la facultad de tomar decisiones sin mayor necesidad
de consultar a sus superiores, a fin de que el proceso de implementación sea rápido y expedito. 62
La Ley busca dar también respuesta a la falta de presupuestos específicos para la adquisición de
medidas de protección, otro de los argumentos constantes para el retardo injustificado de su implementación
y que había sido señalado por las instancias internacionales como un punto importante
a resolver. 63 La Ley crea un Fondo específico para la compra y adquisición específica de las medidas
de protección que sean ordenadas por la Junta de Gobierno y establece una serie de reglamentos
para evitar el mal uso de los recursos. Para ello, se establece también la obligación de que cada año
el Congreso destine recursos etiquetados directamente para el Fondo de Protección y establece
un Comité Técnico para su supervisión. 64 El Fondo se integra de los recursos dispuestos por el
Congreso, y permite también que terceros aporten recursos, ya sea de autoridades locales o incluso
recursos de otros países. 65
Por otro lado, la Ley de Protección busca incorporar también, como una parte central de la protección, los
aspectos de prevención. 66 La Relatora Especial sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos ha señalado que la prevención es la mejor forma de garantizar la protección, y ha enfatizado la
obligación que tienen los Estados bajo la Declaración de prevenir los ataques en su contra. En este sentido,
México ha sido instado por al menos cinco mecanismos internacionales a tomar acciones preventivas que
pongan fin a la situación de riesgo que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos. 67
61
Art. 46 y 47 de la Ley.
62
Art. 5 de la Ley.
63
Consejo DH, 2009: párr. 60; GTDFI, 2011: párr. 111.
64
Art. 48, 52 y 53 de la Ley.
65
Art. 51 de la Ley.
66
Art. 23 de la Ley.
67
CDN, 2011: párr. 22; CTM, 2011: párr. 51; GTDFI, 2011: párr. 111; CEDAW, 2012: párr. 25.c; CERD, 2012: párr. 15.
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