Documento final del Grupo de Trabajo de Conama 10 Transporte ...

Documento final del Grupo de Trabajo de Conama 10:
Transporte sostenible
competentes de los Estados miembros deben poder intervenir para asegurar la
prestación de esos servicios. Y entre los mecanismos que pueden utilizar para
garantizar que se presten los servicios públicos de transporte (según reconoce el
Reglamento 1370) se encuentran: la adjudicación de derechos exclusivos a los
operadores de servicio público, la concesión de una compensación financiera a los
mismos y el establecimiento de reglas generales de explotación de los transportes
públicos aplicables a todos los operadores. Si los Estados miembros, de acuerdo con
lo que dispone el Reglamento, optan por excluir normas generales de su ámbito de
aplicación, se debe aplicar el régimen de ayudas estatales.
Pese a sus limitaciones y excepciones, el Reglamento 1370/2007 establece
importantes novedades en materia de ordenación e intervención por parte de las
diferentes Administraciones públicas en el sistema de transporte. El objetivo del
Reglamento es definir las modalidades según las cuales las autoridades competentes
pueden intervenir actualmente en el sector del transporte público de viajeros para
garantizar la prestación de servicios de interés general que sean más frecuentes, más
seguros, de mayor calidad y más baratos que los que el simple juego del mercado
hubiera permitido prestar.
La “Obligación de Servicio Público” se define como toda aquella exigencia definida o
determinada por una autoridad competente a fin de garantizar los servicios públicos de
transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase
exclusivamente su propio interés comercial, no asumiría o no asumiría en la misma
medida o en las mismas condiciones sin retribución. Partiendo de esta idea, este es el
marco regulador a partir del cual las Administraciones deben adecuarse a partir de
ahora a la hora de establecer sus objetivos de política de transporte. Cualquier
imposición de servicio de transporte que no tenga una naturaleza comercial debe
considerarse una Obligación de Servicio Público, y pasar a definirse (y materializarse)
como establece el Reglamento.
El Reglamento define las condiciones en las que las autoridades competentes, al
imponer o contratar obligaciones de servicio público, compensan a los operadores de
servicios públicos por los costes que se hayan derivado y conceden derechos
exclusivos en contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público.
La entrada en vigor del Reglamento 1370/2007, desde diciembre de 2009, a pesar del
periodo transitorio que contempla para la adaptación de los Estados miembros,
constituye ya un marco nítido que deben seguir las Administraciones a la hora de fijar
sus objetivos de política de transporte. La intervención pública, cuando ello suponga
establecer niveles mínimos de provisión de servicio de transportes no comerciales,
debe estar sustentada siempre en la definición de Contratos de Servicio Público. Dicho
marco de referencia, pese a las excepciones que contempla, supone un elemento de
transparencia y de eficacia al ordenar la provisión de los servicios de transporte
público. La selección de los Operadores de transporte colectivo debe hacerse siempre
a través de procesos de concurrencia competitiva (aunque se mantienen importantes
salvaguardas para los monopolios de las empresas públicas), y, lo que es más
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