Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
Los derechos garantizados y modalidades de su
violación
De acuerdo con su mandato, la labor de la Comisión estuvo orientada a recabar
antecedentes acerca de violaciones al derecho a la libertad personal y al derecho a
la integridad y seguridad personales que se hubieren cometido por motivación
política.
Los conceptos y definiciones básicas con los cuales operó la Comisión tuvieron
como fuente tanto el contenido sustantivo de los principios generales del derecho
internacional, como asimismo el respaldo jurídico que tienen estos derechos
en la actualidad en el ámbito nacional, y que a continuación se señalan 4 .
Derecho a la integridad personal
El derecho a la integridad personal abarca la integridad física, psíquica y moral del ser
humano, con el objeto de que las personas puedan desarrollarse en condiciones de
seguridad ante cualquier intento de agresión, ya sea que ésta provenga de un representante
del poder público que utiliza la violencia para la consecución de sus objetivos,
o de particulares que actúen al amparo o con la tolerancia de los primeros.
Diversos instrumentos internacionales ratificados por Chile y la propia Constitución
Política de la República abordan el derecho a la integridad y seguridad de las
personas y establecen un marco regulatorio de carácter general que lo determinan las
convenciones respectivas en el caso de la tortura. Entre ellos cabe mencionar la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la
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Dado que no todas las disposiciones que se citan estuvieron vigentes durante todo el período
comprendido en el mandato de la Comisión, éstas se citan a título ilustrativo de la concepción
universal de sus contenidos. Al respecto hay que recordar que hasta el 11 de septiembre de 1973
estuvo plenamente vigente la Constitución Política de 1925, pero luego la Junta Militar dictó
varios decretos leyes que, en los hechos, modificaron materias propias de dicha norma fundamental,
señalándose posteriormente que ello había correspondido al ejercicio de las facultades constituyentes
asumidas por la Junta de Gobierno; en 1976 se dictaron las Actas Constitucionales y
finalmente, en 1981, comenzó a regir la actual Constitución, todo ello siempre bajo las limitaciones
impuestas por los diversos estados de excepción constitucional promulgados por el régimen
militar, los cuales -como su nombre lo indica- restringían o suspendían la vigencia de determinadas
garantías constitucionales.
Esto vale también para la legislación internacional de protección de los derechos humanos, pues
sólo algunos de los instrumentos que se citan se encontraban ratificados por el Estado de Chile en
1973 y otros recién lo fueron a fines del período del mandato de la Comisión. Aun cuando la
Constitución de 1925 no incluía una disposición similar a la del art. 5° actual de la Constitución de
1980, la fuerza obligatoria en el ámbito doméstico de aquellos convenios o declaraciones que se
encontraban ratificados era plena. Además, se debe considerar que muchos de estos derechos
constituyen normas imperativas de aplicación general (ius cogens), por lo que, aun bajo condiciones
extraordinarias, no puede alegarse la falta de vigencia interna de la obligación de respetarlos.
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