Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
mada, así como la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET), entregaron
un gran número de certificaciones de las detenciones en determinado recinto.
También se acompañaron tarjetas de control que las personas debían presentar
semanalmente en comisarías o cuarteles, instructivos de cómo cumplir
con los controles impuestos, etc.
Para aquellos casos en que se partía con mínimos antecedentes, sin respaldo de
ninguna naturaleza, lo que significó un proceso difícil, se requería un promedio
de tres horas profesionales para su análisis.
Se debe tener en cuenta que, para muchas personas, el relato de los hechos y las
circunstancias de su detención demandaron un esfuerzo de memoria realizado 30
años después de su ocurrencia.
Por otra parte, se debe considerar que, en las circunstancias en que ocurrieron
estas detenciones, no siempre los detenidos tuvieron la posibilidad de conocer
los nombres de aquellos con quienes compartían la prisión y que muchos de ellos
estuvieron privados de visión y desconocen por lo tanto las características del
lugar en el que permanecieron. Es preciso señalar, asimismo, que mientras en
algunos recintos se otorgó certificación del tiempo de detención, en otros nunca
se entregó constancia alguna de la permanencia de las personas en estos recintos.
Entre los que no entregaron certificaciones se encuentran Carabineros, la Dirección
de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones
(CNI); especialmente en el caso de los dos últimos organismos, mientras mantuvieron
recintos secretos. En efecto, las personas que permanecieron en los recintos
secretos de la DINA, como Villa Grimaldi, Londres 38 o José Domingo Cañas,
o en otros similares de la CNI, antes de que éstos pasasen a ser públicos,
sufrieron detenciones sólo reconocidas a contar del momento en que los afectados
pasaban a gozar de libre plática en algún recinto público.
Este proceso tuvo por objeto obtener los elementos de juicio necesarios, de
diversas fuentes, lo más próximas posible a los hechos, que permitieran tener
convicción de las violaciones sufridas por las personas y que estuvieran
comprendidas en el mandato institucional, para, como consecuencia de ello,
poder fundamentar el proceso de precalificación.
Específicamente se trataba de reunir la información necesaria más allá de la
que brindara espontáneamente el interesado y la documentación que éste
hubiera entregado. Se trataba de obtener antecedentes confirmatorios o
rectificatorios de su versión de los hechos y de reunir información que proviniera
de autoridades militares pertinentes o disponible en organismos no
gubernamentales de defensa de los derechos humanos de la época, que pudiera
contribuir a la calificación de los casos.
Esta validación de antecedentes aportó elementos de juicio objetivos para llegar,
en cada caso, a una de las siguientes conclusiones:
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