Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
los hechos por los que ésta es impuesta;
• Pese a tener fundamento legal, éste no es acorde con los principios del derecho
internacional de los derechos humanos, ya sea porque sanciona hechos
que constituyen conductas legítimas, porque impone sanciones
atentatorias contra la dignidad de las personas o porque la ley establece
procedimientos que no cumplen con exigencias del debido proceso;
• Que la detención se prolongue indebidamente, en circunstancias de que
debió terminar por cumplimiento de la pena impuesta o por haber transcurrido
un tiempo razonable de permanencia en prisión preventiva, la que no
debiera extenderse salvo que existan serios antecedentes de peligro de que
el procesado vaya a sustraerse de la acción de la justicia, continuar su acción
criminal o entorpecer la investigación;
• Cuando al efectuarse la detención, los captores infrinjan las garantías y derechos
que la ley reconoce a las personas o no se cumpla con las formalidades
prescritas en la ley;
• No se respeten las garantías o derechos del detenido durante la privación de
libertad.
El concepto de arbitrariedad, como se ha anticipado, no se relaciona exclusivamente
con la legalidad de la medida, sino también con su falta de fundamento
sobre bases de legitimidad y justicia, de acuerdo con los estándares de derecho
internacional a que el país se encuentra obligado.
Si se atendiera sólo a la legalidad, cualquier acto de opresión de un gobierno determinado
sería inatacable mientras, desde el punto de vista formal, estuviese de
conformidad con la legislación nacional. Por ello, cuando una ley es contraria al
derecho internacional o a los principios generales del Derecho, o una Constitución
se opone al derecho internacional, tales instrumentos pueden parecer legales
internamente, pero no son legítimos o justos y por ello deben ser considerados
arbitrarios.
Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado
que el concepto de “arbitrariedad”, según se utiliza en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, es de amplia aplicación y “no se debe
equiparar (...) con el de contrario a la ley, sino que debe interpretarse de manera
más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad”.
El concepto incluye la situación de los reclusos que siguen detenidos después de
haberse ordenado su libertad por una autoridad judicial o administrativa, y a las
personas que están detenidas sin haber sido objeto de una acusación penal. En
consecuencia, serían detenciones no arbitrarias únicamente aquellas hechas por
causas previstas en la Constitución Política o en una ley dictada conforme a la
norma fundamental y aquellas que se efectúen respetando los procedimientos
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