Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
detenciones arbitrarias o ilegales de corta duración por motivos políticos.
• La relegación judicial, que se efectúa en cumplimiento de una sentencia
judicial dictada por un tribunal que carece de independencia o imparcialidad,
o bien si el tribunal está aplicando una ley que es violatoria de la Declaración
de Derechos Humanos o del derecho humanitario internacional.
Fue empleada con frecuencia como pena por los consejos de guerra inmediatamente
después del golpe militar.
La motivación política
La Comisión consideró que existía motivación política en la privación de libertad
o en la tortura cuando tal motivación estaba presente en los agentes del Estado
que las ordenaron o realizaron. Por ejemplo, cuando el hecho era motivado por
presuntos objetivos de interés público o social, como supuestas razones de Estado,
o por razones cuyo fundamento era contrario a las normas y principios del
derecho internacional de los derechos humanos, razones tales como: motivos
políticos o ideológicos, motivos de seguridad nacional y lucha contra la subversión;
o cuando se originaba en la omisión del Estado y sus agentes de cumplir
deberes fundamentales en orden a la observancia de sus compromisos de respeto
y protección de los derechos prioritarios de las personas.
La motivación política no siempre es evidente y, de hecho, la actividad represiva
siempre buscó respaldo en la supuesta defensa de la seguridad del Estado, del
orden público, de la lucha contra el terrorismo, etc. Para discernir la presencia de
tal motivación se pueden considerar los siguientes factores:
a) La existencia de la motivación política como fundamento único del acto represivo,
se reconoce porque deja de haber delito cuando se omite la motivación política de
la conducta del imputado. Esto se refiere a los casos en que la conducta sancionada
es enteramente de naturaleza política, como las acciones penadas como consecuencia
de la prescripción del quehacer político o la pertenencia a partidos declarados
asociaciones ilícitas por la mera doctrina a que adhieren, como ocurre con el
Decreto Ley N° 77, que declaró ilícitos a los partidos políticos pertenecientes a la
Unidad Popular. Dentro de este concepto se consideran todas las normas jurídicas
dictadas en contravención de las normas y principios del derecho internacional
de derechos humanos que, como normas jurídicas penalizaron conductas propias
del ejercicio de un derecho reconocido por el derecho internacional, o establecieron
medidas punitivas en contra de personas a causa de su identidad.
b) La existencia de medidas privativas de libertad sin juicio y sin fundamento,
como las detenciones administrativas o la aplicación de medidas restrictivas o
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