Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
Entre los actos a que se refiere la definición se comprenden métodos o técnicas
de tortura que se conocen por su denominación específica, como el pau de arara
(forma de colgamiento), el teléfono (golpes violentos con las manos simultáneamente
en ambos oídos), la parrilla (forma de aplicación de electricidad), el submarino
(inmersión prolongada en agua fría u otros elementos líquidos), ingesta
obligada de excrecencias, y toda la gama de vejaciones sexuales.
Existen otras formas de tortura que persiguen los mismos fines, como la picana,
las golpizas, los fusilamientos simulados y aun los reales de terceros en presencia
del resto de las víctimas, la observación obligada de torturas que se inflijan a otras
personas, el confinamiento solitario por tiempos prolongados, los interrogatorios
prolongados por horas con amenazas de represalias en familiares, la deliberada
denegación de alimentos, etc.
Los fines que persiga el agente pueden tener distinto carácter, no tienen que ser
taxativos. Entre ellos se puede mencionar: obtener información o una confesión,
castigar, intimidar o coaccionar a la víctima, anular su personalidad, disminuir su
capacidad física o mental, aplicar una medida preventiva, y cualquier otro motivo
basado en razones de discriminación.
Se requiere, asimismo, que el victimario sea un agente del Estado o cualquier persona
en ejercicio de funciones públicas; cualquier persona que actúe por instigación de un
agente del Estado o de otra persona en ejercicio de funciones públicas, y cualquier
persona o grupo de personas que actúen con el consentimiento o aquiescencia de uno
o más funcionarios públicos o personas en ejercicio de funciones públicas.
Cabe hacer notar que existe responsabilidad respecto de la tortura aun en casos
de conducta pasiva, de omisión de un deber jurídico de actuar, como lo indica la
Convención Interamericana en su art. 3º: “Serán responsables del delito de tortura:
a) los empleados o funcionarios públicos que ..., pudiendo impedirlo, no lo
hagan; ...”. Esta última alternativa atañe particularmente a los jueces, funcionarios
públicos a los que puede presentarse la disyuntiva de aceptar o rechazar una
confesión extrajudicial presuntamente obtenida bajo tortura y que disponen, además,
de facultades legales para comprobar el estado de salud de los detenidos.
Derecho a la libertad y seguridad personal
En este caso se trata del derecho a la libertad de movimiento en su expresión meramente
física, es decir, el derecho de toda persona a realizar sus actividades según su
propia voluntad y deseo, cuyo efectivo ejercicio requiere la seguridad de que tal posibilidad
no será coartada, suspendida o privada de manera arbitraria o injusta.
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