Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
En el formulario de precalificación, en el apartado denominado Observaciones, se
debían incluir también, los comentarios que fundamentaban la clasificación propuesta,
por ejemplo: detenido en el Estadio Nacional en 1973, según certificado
de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET); acompaña sentencia
de consejo de guerra; verificar atención en Comité Pro Paz, etc.
Para orientar el análisis de los hechos y circunstancias y facilitar la tarea de
precalificación, los profesionales contaron con criterios de referencia que permitían
distinguir aquellas violaciones a los derechos humanos cubiertas por el mandato
de la Comisión, sin perjuicio de otros aspectos que aparecieran como relevantes
al momento de la entrevista 15 .
Durante el proceso de análisis del caso, el profesional responsable podía efectuar
consultas con quien había realizado originalmente la entrevista y solicitar supervisión
a las jefaturas de área o a los profesionales que lideraron grupos de trabajo
en determinados casos.
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Estos criterios se encuentran explicitados en el Manual de Procedimientos (págs. 32-34), y
son los siguientes:
1. Naturaleza del hecho. Como se indicó en el capítulo sobre el mandato de la Comisión, se
encuentran comprendidos los hechos constitutivos de privación de libertad por razones políticas
y tortura, conforme a las definiciones operativas señaladas para ambos casos.
2. Calidad del autor. Que en el hecho haya intervenido un agente del Estado o funcionario
público dotado de autoridad para el ejercicio de sus funciones o con responsabilidad en el
cumplimiento de la ley, o personas al servicio del Estado. Ejemplos de este último supuesto
son los siguientes casos: particulares que actúan al servicio o bajo la instigación de un agente
estatal u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, o con su consentimiento o aquiescencia;
individuos o grupos paramilitares bajo control oficial; individuos o grupos que no se
hallan bajo control oficial, pero que actúan en colusión o con la connivencia de las autoridades,
es decir, con la tolerancia del superior respecto de las transgresiones que cometen sus
subordinados contra las reglas o las leyes vigentes.
3. Garante directo. Que el autor haya tenido la condición de garante directo de derechos
protegidos por el ordenamiento jurídico nacional o internacional de los derechos humanos,
como son los siguientes ejemplos: funcionarios de la administración de justicia y de sus órganos
auxiliares; agentes del Estado encargados de funciones de seguridad pública; agentes del
Estado con facultades de privación de libertad (detención, arresto, custodia y reclusión);
funcionarios del Estado autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego; funcionarios
públicos garantes de los derechos de los menores; y funcionarios públicos encargados
de cumplir resoluciones en procesos de amparo o de exhibición personal.
4. Motivación del hecho. Que el hecho haya sido motivado por presuntos objetivos de interés
público o social (ejemplo: supuestas “razones de Estado”); o por motivos cuyo fundamento
era contrario a las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos,
como por ejemplo: motivos políticos o ideológicos; razones de seguridad nacional y
lucha contra la subversión; omisión del Estado y sus agentes en orden al cumplimiento de
sus compromisos de respeto y protección de los derechos prioritarios de las personas.
5. Prevalecimiento. Que, aun cuando el hecho corresponda al ámbito privado, el agente se
haya prevalecido de su condición de funcionario público, como en los siguientes ejemplos:
valiéndose de su cargo o condición; valiéndose de elementos propios de su cargo (armas,
vehículos, uniforme, información, etc.); valiéndose de la falta de fiscalización de su actividad,
o valiéndose de la consideración que la comunidad tenía respecto de su cargo.
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