Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura

INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
Los profesionales que realizaron esta atención en todo el país fueron en su mayoría
abogados, psicólogos y asistentes sociales.
En la Región Metropolitana atendían en entrevistas previamente fijadas por el
sistema de llamado sin cobro y recibieron antecedentes entre el 13 de noviembre
de 2003 y el 31 de mayo de 2004.
En las demás regiones se estableció un sistema de atención por orden de llegada o
por inscripción previa, según las modalidades de trabajo local y las características
de la demanda en cada gobernación. El período de atención comprendió entre el
1 de diciembre de 2003 y el 11 de mayo de 2004, mismo plazo que tuvieron los
residentes en el exterior para entregar sus antecedentes en los consulados.
De acuerdo con el mandato, se atendió en todo el país, a todas las personas que lo
solicitaron, hasta el 11 de mayo de 2004, aun cuando la atención hubiere sido
agendada para una fecha posterior. Por esta razón, tanto en la Región Metropolitana
como en un número importante de gobernaciones, la atención se extendió
hasta el 31 de mayo de 2004.
El resultado esperado para esta área era atender a todas las personas que lo demandaran
durante el período definido en el mandato, con el registro de sus antecedentes
de manera rigurosa en una ficha física y en una ficha computacional.
b) Área de Información e Investigación Documental
Su objetivo general fue estructurar una red de información, disponible para validar
antecedentes, corregir o complementar la información y documentación de
respaldo para cada uno de los casos recibidos por la Comisión.
El resultado esperado para esta área era la acreditación en fuentes confiables y
documentales de antecedentes para cada caso presentado a la Comisión.
Esta red de información se estructuró estableciendo coordinaciones con organismos
del Estado, de derechos humanos y con organizaciones internacionales que
pusieron a disposición o establecieron convenios con la Comisión para el uso de
sus bases de datos y archivos.
La Comisión celebró acuerdos de cooperación y entrega de información con la
Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda
Social de Iglesias Cristianas (FASIC), el Comité de Defensa de los Derechos del
Pueblo (CODEPU) y la Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por
los Estados de Emergencia (PIDEE).
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