guía para profesionales mujeres con discapacidad y violencia sexual

– Puntual información sobre el curso de las investigaciones, salvo que con ello se ponga en peligro
su resultado.
– Sobre el proceso penal. La posibilidad de intervenir en todas las actuaciones necesarias para la
investigación de los hechos (careos, ruedas de reconocimiento, forense, peritajes, etc.). Además
la víctima ha de ser informada de la fecha y lugar de celebración del juicio, así como de las resoluciones
que se dicten en el mismo, haya o no ejercido la acción penal. En general, se trata de
facilitar que la víctima no carezca de información a lo largo del proceso.
– A la información asistencial necesaria para enfrenarse a la situación y al proceso, los recursos
con los que cuenta y las ayudas económicas que puede percibir. Se le informará de los recursos
para atender a sus necesidades médicas, psicológicas y sociales, o cualquier dispositivo específico
que precise la víctima y las personas que dependan de ella.
b) Aspectos relativos a las ayudas económicas
Las víctimas de delitos dolosos-violentos y contra la libertad sexual tienen derecho a que se les informe
de las posibles Ayudas Económicas que establece la Ley 35/1995 adaptándose a sus circunstancias específicas,
y por los delitos cometidos a partir del 13 de diciembre de 1995 (fecha en la que entra en vigor
la Ley 35/1995, de 11 de diciembre). Se concretan en ayudas por incapacidad temporal o permanente y
por fallecimiento, y para los delitos contra la libertad sexual, ayuda para sufragar los gastos de tratamiento
terapéutico destinado a paliar los daños en la salud mental.
Las víctimas han de ser informadas de que la indemnización que le pueda corresponder será fijada en la
sentencia y en principio, deberá ser pagada por el culpable. También se les informará de la posibilidad
de beneficiarse de las ayudas de forma provisional o definitiva una vez concluya el proceso penal.
Por último, la víctima deberá ser informada del procedimiento a seguir para la obtención de la ayuda
correspondiente (solicitud, tramitación, plazos, organismos competentes, impugnaciones, etc.). En este
sentido, la referida ley establece que el deber de información corresponde a las fuerzas de seguridad,
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