guía para profesionales mujeres con discapacidad y violencia sexual

Es indudable que en la actualidad la sensibilidad social e institucional está volcada en la erradicación de
la Violencia contra las Mujeres. En este sentido, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género (B.O.E. Núm. 333, 29 de diciembre de 2004), no hace
sino responder a la exigencia social y a las iniciativas legislativas existentes tanto nacionales como internacionales
(Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de
1979, Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la Mujer de 1993, Cumbre
Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995, Resolución WHA49.25 de la
Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada
en 1996 por la OMS, Informe del Parlamento Europeo de julio de 1997, Resolución de la Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997, Declaración de 1999 como Año Europeo de
Lucha Contra la Violencia de Género).
Sin embargo, tanto la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, como la mayoría de las medidas y recursos que se están adoptando para su
erradicación, se centran en los malos tratos tanto físicos como psíquicos, dejando minimizada la violencia
sexual que sufren las mujeres, siendo ésta una de las violencias de género más característica y que
sitúa a la mujer en una de las posiciones de desigualdad más flagrantes.
Las mujeres con discapacidad, lejos de estar ajenas a este tipo de violencia sexual, son unas de las víctimas
más habituales de estos delitos; tanto cuando para la comisión de los mismos se utiliza violencia o
intimidación, como cuando se realizan empleando la manipulación, el engaño o la superioridad.
La invisibilidad de las mujeres con discapacidad, unida a la invisibilidad de la violencia sexual, hace que,
en este campo, el desconocimiento de la problemática sea evidente y preocupante y exige con premura
un acercamiento, estudio y ocupación de la misma; de ahí que la sensibilidad mostrada por la Dirección
General de Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía, en la iniciativa para la elaboración de este manual, así como el impulso
de los diferentes cursos que se han impartido al respecto sea un paso valiente y decisivo para afrontar
la solución de este grave problema.