Edición 13 de Mayo de 2015

Miércoles 13 de mayo de 2015
Diario Co Latino
OPINIÓN15
ENADE 2015: otro fracaso de la ANEP
Rigoberto Palma
La ANEP lleva 15 años haciendo un evento
llamado Encuentro Nacional de la Empresa
Privada (ENADE), donde aborda diversos
temas de la vida nacional. Cuando ARENA
gobernaba, los ENADE servían para dictarle
políticas al gobierno. Pero desde que ARENA
perdió el control del Órgano Ejecutivo, los
encuentros de la ANEP solo sirven para criticar al
gobierno del FMLN.
Pero los ENADE realmente no sirven para nada.
El de 2013 trató el tema de la “responsabilidad
compartida”, expuesto por un invitado de Estados
Unidos que según la ANEP inventó ese concepto.
Pero como los oligarcas criollos no comparten
nada, el tema no le sirvió ni para hacer propaganda
en favor de la gran empresa.
Para colmo, el entonces presidente Mauricio
Funes dijo que cuando los barcos se hunden las
primeras en salir son las ratas, en alusión a las
declaraciones del Presidente de la ANEP, Jorge
Daboud, quien dijo que la economía era un barco
a la deriva.
El año pasado el ENADE fue todavía más
deslucido, porque no llegó el presidente de
Honduras, a quien invitaron para que hablara
de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
(ZEDES), donde los empresarios no pagarían
impuestos y explotarían aún más a la población
trabajadora. La propuesta de crear ZEDES se
quedó en el papel. Hace unos días, un diario
matutino al servicio de ARENA lamentó que nadie
le hiciera caso a la propuesta de ENADE.
Este año el ENADE fue peor, pues abordó un tema
donde la ANEP se maneja con una triple moral que
no engaña a nadie.
Mientras el Director Ejecutivo de la ANEP, Arnoldo
Jiménez, se integró al Consejo de Seguridad creado
por iniciativa del gobierno, su gremio se opuso a
las venta de bonos por 96 millones que hará el
gobierno para fortalecer a la PNC. O sea, mientras
Jiménez “apoya” el plan de seguridad elaborado por
el Consejo, que incluye el reforzamiento de la PNC,
el mismo Jiménez sale a criticar el endeudamiento
público para apoyar a esa institución policial.
Pero ahí no termina la incoherencia de la ANEP.
Mientras el señor Jiménez tiene seis años diciendo
que el Estado no debe aumentar sus ingresos,
sino reducir sus gastos corrientes, el Consejo de
Seguridad planteó una propuesta de financiamiento
al plan por 2,000 millones de dólares, una parte de
los cuales serían para gastos corrientes, incluyendo
los salarios del personal de la PNC. O sea, mientras
Jiménez pide que el gobierno gaste menos, el
Consejo de Seguridad, al que pertenece Jiménez,
pide que el Estado gaste más.
Para colmo, el señor Rudolph Giuliani, ex alcalde
de Nueva York invitado al evento de ENADE, sugirió
que se le dieran estímulos monetarios al personal
de la PNC para que mejore su eficiencia. Estímulos
monetarios significa más gastos corrientes. En
general, la propuesta de Giuliani, que no dice
nada que no se sepa y le costó caro a la ANEP,
conduce a elevar los gastos del Estado, y no solo
en seguridad, sino en general, pues el combate a la
delincuencia tiene que ser integral.
La ANEP haría bien en suprimir los ENADE, que
no sirven ni para levantar la mala imagen de la
oligarquía, cada vez más dañada por los casos de
corrupción que el pueblo está conociendo.
Si la ANEP quiere levantar la imagen de sus
empresas agremiadas, debería pedirle que le
paguen al Estado los 230 millones que le deben en
concepto de IVA y renta, así como las multas por
3.7 millones impuestas por el Ministerio del Trabajo
por violar los derechos laborales.
La Agenda Ambiental en La Asamblea Legislativa
José Acosta
La realidad ambiental de El Salvador es
dramática; las aguas superficiales y subterráneas
sufren un fuerte deterioro y contaminación,
en tanto que la sobreexplotación ha
obligado a perforar pozos a mayor profundidad.
En la época seca en gran parte del territorio se
experimenta una aridez extrema y la mayoría de
los cauces de los ríos se quedan sin agua o con
muy poca, como resultado de la pérdida de capacidad
para la filtración de agua lluvia, a consecuencia
de la extrema deforestación.
La irresponsabilidad e impunidad ambiental se da
a todos los niveles, por ejemplo: desechos arrojados
en caminos, calles, carreteras, ríos y quebradas;
tóxicos abandonados o enterrados en medio
de asentamientos poblacionales; vertidos contaminantes
descargados directamente a los cuerpos
de agua; proyectos urbanísticos que cambian
el uso del suelo sin medir las consecuencias ecológicas;
entre otros crímenes ambientales.
Las plantaciones de caña de azúcar, su expansión
sin control y los dañinos métodos para su
cultivo, constituyen otra tragedia ambiental como
lo es la destrucción de los bosques de manglar,
el agotamiento de fuentes de agua y desgaste de
suelos agrícolas, además de los daños a la agricultura
campesina y a la salud de las personas.
La contaminación de tierras agrícolas y del agua
afecta en gran medida la capacidad para producir
alimentos, que es también un problema grave. El
Salvador sigue dependiendo de la importación de
alimentos.
Esta situación, sumada a los impactos del cambio
climático y a la especulación, ha llevado a un incremento
en los precios.
Otra consecuencia del deterioro ambiental es el
incremento de la vulnerabilidad, sobre todo ante
huracanes y tormentas tropicales. Según Protección
Civil en el país existen 2,970 zonas críticas
susceptibles a inundaciones y deslizamientos, en
estos lugares están en grave riesgo 135,570 viviendas
y 580,000 personas.
No obstante, está difícil realidad, la agenda ambiental
no tiene el nivel de debate y discusión pública
que amerita.
Una de las instituciones que no ha estado a la
altura en este tema es la Asamblea Legislativa,
que por años ha evadido su responsabilidad en
lo concerniente a la generación de leyes que protejan
los recursos naturales y la vida de las personas.
El caso más emblemático es la Ley General de
Aguas, cuya primer propuesta ingresó a la Asamblea
Legislativa en marzo de 2006; es totalmente
irresponsable que en 9 años los diputados y diputadas
no han logrado producir una ley para la
gestión sostenible del agua, a pesar que el país
está al borde del stress hídrico.
De igual manera las anteriores legislaturas han
tenido un desempeño mediocre en la aprobación
de una ley de soberanía alimentaria, la prohibición
de agroquímicos tóxicos, la prohibición de
la minería metálica, las reformas a la ley de gestión
de riesgos, una veda a la tala de árboles y
la ratificación de la reforma al artículo 69 de la
Constitución, para incorporar a la ley primaria la
alimentación y el acceso al agua como un derecho
humano.
Si bien la irresponsabilidad recae en la Asamblea
Legislativa como institución, es necesario señalar
que son los partidos ARENA, PCN y PDC
los que constantemente se han opuesto a casi
todas las propuestas de leyes o reformas en temas
ambientales. En referencia a esta absurda
oposición, el Movimiento de Víctimas Afectados
y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones,
MOVIAC ha expresado: “Es inconcebible
que la mitad de diputados y diputadas no quieran
dar sus votos para que el agua quede consagrada
como un derecho humano constitucional.
A estos señores hay que preguntarles ¿Se han
puesto a pensar que la vida de sus hijos e hijas
depende del agua? ¿Se consideran ustedes con
la suficiente solvencia moral como para ser diputados
o diputadas?”
La actual legislatura tiene el desafío de avanzar en
la generación de leyes ambientales que ya constituyen
una deuda con la sociedad, esto requiere
que las cúpulas de los partidos políticos dejen de
actuar como mafias que secuestran la voluntad
y la conciencia de sus diputados/as; también es
necesario que cada diputado y diputada examine
su comportamiento con objetividad y defina si se
ajusta en cuanto a honradez y compromiso, no
con el partido político que lo propuso, si no con el
ciudadano y la ciudadana que lo eligió.