Indice de competitividad estatal 2012

han agotado, por lo que se requerirán aportaciones extraordinarias para
los próximos tres años de 1,210 millones de pesos. Puebla necesitará
aportaciones extraordinarias equivalentes a 4% de su gasto operativo.
Gráfica 1.7 Gasto en salarios como porcentaje de egresos totales
por estado, 2011
Porcentaje%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Michoacán
Tabasco
Puebla
Campeche
Guanajuato
Veracruz
Yucatán
Jalisco
Zacatecas
Baja California
Distrito Federal
México
Nuevo León
Sonora
Nayarit
Chiapas
San Luis Potosí
Sinaloa
Colima
Quintana Roo
Tamaulipas
Oaxaca
Guerrero
Aguascalientes
Hidalgo
Morelos
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
La opacidad que existe para reportar las obligaciones con el régimen de
pensiones estatales no permite contar con información tan básica como el
valor de los pasivos pensionarios en cada estado. Estimaciones realizadas
en 2008 apuntan que los pasivos contingentes de los sistemas de pensiones
estatales representaban 13 puntos del PIB. 19 Por otro lado, tampoco
es posible conocer el monto del gasto que se destina al pago de pensiones.
Para poder desarrollar una estrategia para solventar las obligaciones
pensionarias es fundamental establecer una política para el correcto
reporte de información y manejo del sistema que incluya transparencia
19. Ibídem.
20. CIDAC, Ranking de Normatividad Estatal del Gasto Público, México D.F, 2011.
21. Ibídem.
Gasto y finanzas públicas
en su operación y estructura. El balance operativo ajustado de las entidades
debería precisar la carga financiera de las obligaciones laborales
y en qué porcentaje es que esas obligaciones están fondeadas.
La limitación de las instituciones estatales de
transparencia y rendición de cuentas.
No obstante que las 32 entidades federativas cuentan con una Ley de Acceso
a la Información Pública y con un instituto estatal de acceso a la
información, no han logrado construir una verdadera cultura de transparencia
que haga homogéneo el derecho a todos los mexicanos. La simple
existencia de instituciones de transparencia no garantiza el acceso a información
útil y completa, porque éstas pueden no ser verdaderamente autónomas
o no tener las atribuciones suficientes para obligar a los funcionarios
a revelar la información. Existen dos elementos esenciales para contar
con instituciones sólidas que garanticen la calidad de la información sobre
las finanzas públicas estatales. El primero es contar con criterios claros y
sujetos a estándares de calidad para los registros contables. El segundo
es que las instituciones sean autónomas en su operación.
La homologación de las reglas contables entre los estados es clave para
la transparencia en las finanzas públicas pues establece los criterios de
clasificación de la información. Sin una contabilidad homogénea, cada
estado decide discrecionalmente en qué rubros ubicar los distintos gastos
e ingresos. Lo anterior suscita confusiones e impide la comparación entre
entidades federativas. La Ley General de Contabilidad Gubernamental,
publicada en 2009, plantea los lineamientos básicos para armonizar la
contabilidad en todos los niveles de gobierno. Entre las obligaciones que
contempla para los estados se encuentra la creación de un sistema estatal
de contabilidad, y la de un registro del gasto con criterios específicos sobre
su origen y destino. El plazo límite para realizar estas adecuaciones es
diciembre de 2012. Sin embargo, el atraso es considerable. Un estudio realizado
por el CIDAC en 2011 encuentra que seis estados todavía no tenían
en marcha un sistema de contabilidad funcional. 20
La voluntad de los gobiernos estatales por contar con criterios contables
claros y homologados es escasa. Al día de hoy, ninguna de las legislaciones
sobre contabilidad a nivel estatal prevé que se generen estados
financieros periódicos y comparables siguiendo los lineamientos del
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), o que se acaten
las decisiones de este organismo. 21
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 23