Indice de competitividad estatal 2012

la alimentación, nueve con vivienda, etc. En vista de esas necesidades
tendríamos que estar muy preocupados por saber si los programas están
funcionando o no. Si los programas no funcionan, se desperdicia nuestro
dinero que como contribuyentes entregamos al gobierno y no se atienden
las necesidades más urgentes.
A raíz de las Evaluaciones de Diseño y las Evaluaciones Específicas de
Desempeño (EED) coordinadas por el CONEVAL, se ha hecho un esfuerzo
sistemático para que los operadores de los programas definan en
principio quiénes son sus beneficiarios. ¿A quiénes llegan los libros del
Programa Nacional de Lectura?, ¿en qué proporción se ha ampliado la
cobertura del Seguro Popular?, ¿qué regiones del país se incluyen en la
estrategia de Zonas Prioritarias?, etc.
La definición de la población potencial -es decir, aquellos quienes dentro
del universo de ciudadanos, por sus condiciones particulares son susceptibles
de obtener beneficios- y su diferencia con la población objetivo
-aquella que representa la meta planteada por el programa- ha sido una
distinción fundamental. Y en esa lógica, no debemos olvidar la definición
de la población atendida, aquella que efectivamente se beneficia de los
instrumentos de política pública: leche, libros, subsidios, transferencias
condicionadas. Por increíble que parezca, muchos programas federales
no tenían claramente determinado su margen de acción.13 Al existir ambigüedad
en estas definiciones, se corre el riesgo de llegar a escenarios
absurdos, como dar fórmulas nutrimentales a niños que no están en
condiciones de desnutrición o premiar con becas a estudiantes que no
han comprobado mérito ni necesidad justificada para obtenerla, entre
otras inconsistencias.
Asegurarse de que el grupo de beneficiarios esté bien definido y de que le
están llegando puntualmente los recursos son aspectos que por supuesto
importan y requieren verificarse. Sin embargo, la prueba de fuego es comprobar
si el programa tiene un impacto significativo sobre el aspecto que
se quiere mejorar. Al evaluar un programa rigurosamente, lo que está a
prueba es si una mejora observable es atribuible de manera causal al pro-
Evaluación
grama que se evalúa. Sólo a través de una evaluación de impacto es posible
saber, por ejemplo, si el piso de cemento que se instala en las casas
con piso de tierra efectivamente reduce las enfermedades gastrointestinales
en los niños, o si los subsidios entregados a los productores agrícolas
están impactando directamente en la productividad del campo, etc.
Lo cierto es que las evaluaciones a los programas federales no han contado
en todos los casos con una metodología experimental que permita evaluar
su impacto. De hecho, una práctica generalizada, que incluso los propios
evaluadores han identificado,14 es que muchas evaluaciones se apropian
del adjetivo “de impacto” cuando en realidad carecen de una metodología
experimental o cuasi-experimental que permita realmente contrastar las
condiciones previas de los beneficiarios y los resultados posteriores a la
intervención de los programas, así como aislar la intervención de otros
factores que pueden influir en las condiciones de los beneficiarios.
Hasta ahora, la mayoría de las evaluaciones del inventario de programas
buscan asegurarse que su población esté adecuadamente definida, que
sus indicadores de resultados sean coherentes y medibles y que haya
consistencia con el propósito planteado, esto sin duda ha sido un primer
gran paso, sobre todo si consideramos que anteriormente no había
evaluación de ningún tipo. Sin embargo, de esos 274 programas, sólo
15 tienen evaluaciones de impacto rigurosas que permitan saber si han
funcionado. 15 Sólo en esos 15 programas puede tenerse una noción sobre
cuánto les está costando a los contribuyentes cada unidad de mejora
social. El resto de los programas sigue recibiendo recursos sin que necesariamente
exista la certeza de si están teniendo o no un impacto que
justifique su permanencia.
En buena medida, uno de los programas más exitosos, no sólo en términos
de su eficacia en la mejora del bienestar social, sino por mostrar evidencia
de sus resultados a partir de la evaluación es el programa OPORTUNI-
DADES (PROGRESA). La influencia y continuidad de ese programa pueden
atribuirse al reconocimiento y credibilidad derivados de la evaluación rigurosa
de sus resultados y de la incorporación -en el propio diseño del
13. Parte de este problema se ha corregido con la matriz de indicadores de resultados (MIR) y la matriz de Marco Lógico que los operadores de los programas sociales deben definir
y que sirve como insumo de varias evaluaciones. Estos indicadores son enviados al portal aplicativo de la SHCP de manera trimestral para conformar el SED. Para conocer más al
respecto remítase al sitio de transparencia presupuestaria de la SHCP: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx [Consulta 24 agosto de 2012].
14. En las EED una de las tareas del evaluador es verificar si las evaluaciones con las que cuenta el programa evaluado se basan en una metodología rigurosa (experimental o cuasi-
experimental) que permita inferir la causalidad de la intervención del programa público. En algunos casos, aún cuando las evaluaciones se denominen “de impacto” carecen de
dicha metodología, lo cual es verificado en las evaluaciones específicas de desempeño. Disponible en:
http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/evaluacion/evaluaciones/especificas/edd_2010_2011/pag_princ_edd_2010_2011.es.do [Consulta 01 de octubre de 2012].
15. Según datos del CONEVAL las 15 evaluaciones de impacto se refieren a los siguientes programas: Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para “Tu Casa” (2005, 2006); Programa
Hábitat (2007); Programa de Apoyo Alimentario (2006); Programa de Abasto Social de Leche (2004 y 2005); Programa Escuelas de Calidad (2006); Seguro Popular (2006-2007);
Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación de las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (2004); Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
2004; Programa de Becas para la capacitación (Posteriormente PAE) 1992; Servicio Nacional de Empleo (2007); Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2000); Programa
Piso Firme (Edo. de Coahuila) (2004); Estrategia Microrregiones (2004).
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