Indice de competitividad estatal 2012

70 (Gráfica 2.7). Las tres décadas que siguieron a ese periodo estuvieron
caracterizadas por una serie de crisis económicas y financieras que sin
duda alteraron las decisiones de inversión en educación de las personas
y de las familias en México.
Gráfica 2.7 Evolución de la fracción de hombres con educación
superior en cada generación
25%
20%
15%
10%
5%
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
Escolaridad de 16 años o más
Año en el que la cohorte tenía 18 años de edad
Escolaridad de 13 años o más
Fuente: Pablo Peña, Aggregate Shocks and Investment in Human Capital: Postsecondary Schooling during the ‘Lost
Decade’ in Mexico. Universidad Iberoamericana. 2011.
En los países desarrollados el financiamiento permite que durante las
crisis muchas personas vuelvan a la escuela a completar la universidad
o, incluso, a obtener un grado superior. En países como México, durante
las crisis también existe el incentivo a volver a la escuela. También en
México escasean con la crisis los trabajos bien remunerados. Sin embargo,
durante los periodos de crisis también incrementan las restricciones
al financiamiento. Si el proyecto de volver a la escuela no lo pueden
financiar ni los bancos, ni el gobierno ni la familia, participar en el mercado
laboral es la única alternativa.
Dadas las elevadas tasas de deserción que persisten a nivel bachillerato
es claro que elevar el logro educativo en México requiere encontrar medidas
efectivas para enfrentar las graves restricciones financieras que enfrentan
las familias. Después de la experiencia exitosa con Progresa-Oportunidades,
el gobierno mexicano decidió utilizar el mismo principio de transferencias
condicionales del efectivo para reducir la deserción escolar en los
bachilleratos y otras Instituciones Públicas de Educación Media Superior.
El Programa de Becas de Educación Media Superior (Probems) comenzó
a operar en 2007 y en 2011 tuvo 449 mil beneficiarios. Según las reglas
de operación del programa, para calificar como beneficiario potencial
los estudiantes tienen que provenir de hogares en pobreza patrimonial.
34 ¿Dónde quedó la bolita? Del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia.
Los solicitantes se ordenan de acuerdo a un índice según su condición
socioeconómica. El índice se elabora a partir de la Encuesta Socioeconómica
de Estudiantes de Educación Media Superior. El número de
beneficiarios de entre todos los estudiantes regulares con necesidad
económica depende de la capacidad presupuestal de la SEP. Las becas
se asignan empezando por los alumnos con mayor necesidad económica
hasta agotar los recursos.
El monto base de las becas es de 500 pesos, que es el monto que recibe
un estudiante que obtuvo la beca para el primer año con un promedio
académico en el año anterior (tercero de secundaria) menor a ocho. A
partir de ahí, el monto exacto de la transferencia depende del sexo, del
grado que se esté cursando, de las calificaciones en los grados anteriores
y del tipo de institución.
Las becas van de 500 a 1,000 pesos mensuales que se depositan directamente
en monederos electrónicos a los estudiantes beneficiarios durante 12
meses al año de manera bimestral. En este punto el Probems se distingue de
manera esencial de Progresa-Oportunidades. Quien recibe la transferencia
no es la jefa del hogar sino el mismo estudiante. A partir de un promedio
de ocho, los becarios reciben montos incrementales conforme mayor sea su
promedio. Las mujeres reciben montos mayores a los hombres.
En 2012 el gobierno federal creo un programa complementario al Probems
denominado Programa de Becas para la Expansión de la Educación
Media Superior, Síguele. Se prevé que el número de beneficiarios
en 2012 será de cerca de un millón de estudiantes. Al igual que en el
caso del Probems, son elegibles los estudiantes que no estén recibiendo
otro apoyo, como podría ser una beca de los programas Oportunidades o
Probems. A diferencia del Probems, el programa Síguele no otorga montos
adicionales a alumnos con mayor promedio, no requiere que sean
regulares y sólo se otorga por diez meses.
La expansión de los recursos destinados a financiar el costo de oportunidad
de los estudiantes en niveles superiores parece ser una condición
necesaria para lograr una mayor participación, sobre todo en el caso de
estudiantes con escasos recursos. Sin embargo, la contribución de estos
programas a reducir la deserción debe ser evaluada rigurosamente para
asegurar que los programas tienen un impacto significativo.
A pesar de la obligación puntual en la Constitución y en la Ley General
de Desarrollo Social de hacer evaluaciones que determinen el impacto de
los programas sociales y la de incorporar el resultado de esas evaluaciones
en el proceso presupuestal, en la práctica, no tenemos en general
una idea clara sobre si los programas en los que el gobierno se gasta el