Indice de competitividad estatal 2012

Pero medir el impacto de los programas para mejorar la educación no es
un ejercicio teórico que se interponga con planes de acción pragmáticos y
ambiciosos. Si se hace bien, la evaluación de los programas puede ser una
valiosa herramienta de gestión que puede ayudarnos a estirar el dinero de
los contribuyentes y alcanzar más de los resultados positivos que se buscan.
Las evaluaciones deben acompañar a las propuestas novedosas para
mejorar la infraestructura y los incentivos para los alumnos y los maestros.
Proponer incentivos para cambiar el desempeño de los maestros
suena bien en principio y existe literatura que documenta casos de éxito
en la implementación de esquemas de incentivos. Pero no de cualquier
esquema de incentivos. El diablo está en los detalles. El formato de esas
intervenciones es crucial para tener el resultado esperado. No se trata de
un fórmula que pueda aplicarse como un molde de galletas. Por ejemplo,
el primer esquema de incentivos que se implementó en años recientes
premiaba a los maestros de las escuelas con los mejores resultados en
ENLACE. Si consideramos que esos resultados incorporan en buena medida
el efecto del entorno, premiar el desempeño de las mejores escuelas
equivale, en alguna medida, a premiar a los padres de los estudiantes
por vivir en el vecindario adecuado.
Una buena manera de aprovechar la información que ya genera y publica
la SEP es utilizarla para encontrar qué maestros y escuelas están
generando valor agregado. Por ejemplo, la información de ENLACE podría
emplearse para detectar qué maestros y escuelas mandan a sus alumnos
en mejor posición relativa que la posición en la que los recibieron.
Por ejemplo, si tomamos la información de ENLACE en matemáticas de la
Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria Francisco I. Madero ubicada
en Paraíso, Tabasco para la generación 2009-2011, encontramos que en
promedio los alumnos pasaron del percentil 18 en primero, al percentil
40 en segundo y al percentil 84 en tercero.
Introducir la competencia en las escuelas
Ante las restricciones presupuestales y operativas que limitan la expansión
pública de los servicios educativos, la participación del sector privado
en la operación de escuelas a nivel medio superior es quizá la única opción
realista para lograr los objetivos de universalidad en el acceso y la mejora
de la calidad. La obligación constitucional recién adquirida que implicará
financiar la educación media superior para toda la población no necesariamente
significa que el gobierno tenga que operar las escuelas. Introducir
competencia entre escuelas públicas y privadas entregando a padres y
alumnos la posibilidad de elegir es una opción con amplias posibilidades
para mejorar la calidad y optimizar el presupuesto.
Educación
La expansión del acceso a la educación superior también requerirá mucha
mayor participación del sector privado tanto para su financiamiento como
para la inversión en capacidad adicional que difícilmente podría absorberse
con recursos públicos. Una vez más, incrementar las oportunidades
de estudiantes con escasos recursos para acceder a la educación superior,
no implica que el gobierno tenga que operar nuevas universidades. Darles
a los estudiantes la opción de ejercer el gasto público en la escuela de su
elección puede favorecer mayor competencia entre universidades públicas
y privadas al mismo tiempo que se liberan presiones presupuestales. En
Brasil, por ejemplo, la matrícula en nivel superior se multiplicó 3.6 veces
entre 1980 y 2010. Sin embargo, los programas privados de educación
superior representan 3 cuartas partes de la matrícula.
Gráfica 2.8 Matrícula a programas a nivel licenciatura en Brasil
(incluye educación a distancia)
492,232
885,054
1980
578,625
961,455
1990
888,708
1,807,219
2000
Instituciones públicas Instituciones privadas
1,643,298
4,736,001
2010
Fuente: Ministerio de Educación de Brasil (INEP/MEC)
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=167
Tomado de: Maurício Garcia. Devry Brasil. Salzburg Global Seminar: Optimizing Talent Session. Octubre, 2012.
A pesar de los beneficios evidentes de la competencia, la convicción sobre
sus beneficios no ha permeado el sector educativo. Mientras los estudiantes
con pocos recursos no puedan elegir entre escuelas públicas y
privadas, las escuelas públicas no tendrán que ganarse su preferencia.
No estarán obligadas a mejorar. Si el presupuesto de las escuelas públicas
no depende de su capacidad de ganarse la preferencia de los
estudiantes es ingenuo pensar que mejorarán significativamente los
servicios educativos.
El gobierno está obligado a garantizar el acceso gratuito a primaria, secundaria
y, a últimas fechas, también a preparatoria. Pero la obligación del
gobierno de financiar la educación no implica que también tenga que operar
las escuelas. Los gobiernos estatales ejercen la mayoría de los recursos
destinados a la educación. Los gobiernos estatales podrían poner a competir
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 39