Contribución de las políticas públicas a la realización efectiva ... - ielat

María Isabel Garrido (coord.). Contribución de las políticas públicas…(IELAT‐ Marzo 2012)una posición de relegación en el mundo laboral. Estas medidas parten de una supuestainferioridad física de la mujer o de una mayor dedicación de ésta hacia las tareasfamiliares y lo que consiguen, en la práctica, es perpetuar la situación de inferioridadsocial de la mujer, especialmente por lo que se refiere a su acceso a la vida laboralfuera de la casa familiar. Estas serían normas discriminatorias, vedadas por el art. 14de la Constitución.Un segundo grupo de medidas tienen como finalidad eliminar situaciones dediscriminación existentes y parten de la consideración de que la mujer se sitúa en unaposición especialmente desventajosa para su acceso o permanencia en el trabajo encomparación con las correspondientes categorías de trabajadores varones o con lapoblación trabajadora en general. Esta diferencia de trato sólo está justificada siefectivamente se dan circunstancias sociales discriminatorias y sólo mientras se den, loque supone una revisión periódica al respecto, según establece el art. 4.1 de laConvención de 18 de diciembre de 1979 sobre la Eliminación de Todas las Formas deDiscriminación Contra la Mujer. Así entendidas, estas normas no constituyen unadiscriminación contraria al principio de igualdad, sino una legítima concreción de ladenominada acción positiva, que tiende, precisamente, a eliminar discriminaciones dehecho persistentes en la sociedad (aunque en esta Sentencia no se utiliza el términoacción positiva).El siguiente paso en la argumentación del Tribunal es comprobar si en la realidad seproduce de hecho la situación discriminatoria que justifica la existencia de este tipo denormas. De esta forma, trae a colación unas estadísticas que muestran cómo la tasade actividad laboral de las mujeres casadas era muy inferior a la de los hombrescasados en la fecha en que se dicta esta Sentencia. Después de considerar que estadiferencia se debe, en gran medida, a la mayor dedicación a las tareas del cuidado delos hijos por parte de las mujeres, concluye que, en tanto perdure esta situación, nopuede considerarse discriminatoria la norma cuestionada, sino que, al contrario,constituye una medida tendente a favorecer el acceso al trabajo remunerado de ungrupo tradicionalmente apartado de él, como son las mujeres con hijos pequeños. Enel caso en cuestión, la norma que atribuía un complemento de guardería a las mujerescasadas con hijos pequeños es considerada legítima y conforme a la Constitución.Y éste es, pues, el criterio que utiliza el Tribunal para distinguir cuáles son las normasprotectoras de la mujer que han de reputarse discriminatorias de aquellas otras que,por el contrario, tienden a eliminar discriminaciones de hecho: éstas últimas son lasque favorecen el acceso de las mujeres a ese ámbito del que estaban tradicionalmentepreteridas: el del trabajo remunerado.Esta doctrina se reitera en las SSTC 19/1989, de 31 de enero; 241/1988, de 19 dediciembre; 28/1992, de 9 de marzo y 229/1992, de 14 de diciembre. En la STC317/1994, de 28 de noviembre, se intenta, además, establecer unos criterios generalesque sirvan para valorar teológicamente las normas protectoras de la mujer trabajadoracon el fin de decidir si se trata de discriminaciones vedadas por la Constitución o deacciones positivas que tienden, precisamente, a eliminar las discriminaciones de hechoque padece la mujer en su incorporación al mercado de trabajo. Para ello, se inspira enlo dispuesto en los artículos. 3.2.c) y 5.2.c) de la Directiva CEE 76/207, de 9 de febrero,Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá | 26