Contribución de las políticas públicas a la realización efectiva ... - ielat

María Isabel Garrido (coord.). Contribución de las políticas públicas…(IELAT‐ Marzo 2012)Y, además, sus disposiciones adicionales reforman diversas Leyes de contenido laboraly social, señaladamente la 11ª, que modifica extensamente diferentes artículos delEstatuto de los Trabajadores ‐en adelante, ET‐ y otras que cambian ciertos preceptosde la Ley General de Seguridad Social, de la Ley de Procedimiento Laboral, de la Leyde Prevención de Riesgos Laborales y de la Ley de Infracciones y Sanciones delOrden Social, aparte de las que reforman varias Leyes aplicables a los funcionariospúblicos.Pues bien, tal opción no puede sorprender pues, entre los factores que dificultan laconsecución de índole laboral, que, a su vez, condicionan, de raíz, las vertientespersonal y familiar de la vida. Así, como evidencian, tercamente, los datosestadísticos hay trabas, no siempre visibles, en el acceso de la mujer al empleo, unmayor índice de desempleo femenino, una mayor tasa de temporalidad entre lasmujeres, una mayor presencia de la mujer en la contratación a tiempo parcial, unainfrarrepresentación de la misma en ciertas profesiones más cualificadas y unexceso de presencia en otras de menor cualificación (segmentación profesional),una manifiesta desigualdad retributiva ‐o brecha salarial‐ entre hombres y mujeres,unos mayores obstáculos a la formación permanente y a la promoción profesionalde las mujeres, un impacto potencialmente negativo en el empleo de la maternidad ydel cuidado de hijos y de personas enfermas y dependientes dado el desigual repartode las cargas familiares entre hombres y mujeres que provoca los consiguientesproblemas de conciliación entre vida personal, laboral y familiar y, en ocasiones, estáen la base de la pérdida del empleo. Y, en fin, la problemática del acoso sexual o porrazón de sexo afecta, de modo predominante, a las mujeres trabajadoras, lo quepuede poner en juego tanto su intimidad como su dignidad.Pues bien, es cierto que ha habido una auténtica batería de medidasantidiscriminatorias y favorecedoras de la igualdad de trato en el plano laboral quehan sido incorporadas al ordenamiento jurídico en las últimas décadas, en muchoscasos, motivadas por el activo impulso de las instituciones de la Unión Europea 81 .Baste señalar, brevemente, lo dispuesto, con carácter general, en el art. 4.2 c) y elsucesivamente reformado art. 17 del ET y a los múltiples preceptos que semencionan a lo largo de este informe al referirse a figuras concretas de larelación laboral. Pero, pese a tan depurado planteamiento legislativo, la disparidadentre las regulaciones legales ‐y también, las que llevan a cabo los convenioscolectivos‐ en dichas materias, la realidad es aun frustrante, ya que tales normasdistan aún mucho de aplicarse, de un modo real y eficaz, en la práctica. En efecto,persiste ‐y, en algunos casos, se ha acentuado en un contexto de crisis económica‐ unproblema real, pues todavía estamos lejos de conseguir una plena ‐y no meramenteformal‐ igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.Precisamente por ello, la LO 3/2007 contiene un conjunto de medidas en pro de laigualdad efectiva en materia laboral, apostando fuertemente por el principio decorresponsabilidad entre los poderes públicos y los sujetos privados a fin de conseguirlos numerosos y variados objetivos perseguidos por ella. En consecuencia, aparte81 Véase Ballester Pastor, M.A. (dir.), La transposición del principio antidiscriminatorio comunitario alordenamiento jurídico laboral español, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá | 71