Contribución de las políticas públicas a la realización efectiva ... - ielat

María Isabel Garrido (coord.). Contribución de las políticas públicas…(IELAT‐ Marzo 2012)Como ejemplos de ello baste citar los artículos 33 a 34 de la Ley Orgánica 3/2007 anivel estatal que de forma muy débil han pretendido incluir un análisis de género en lacontratación pública y actividad subvencional 61 , posición que sin duda ha sido61 Así, el art. 33 LO 3/2007 recoge: “Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivascompetencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratosque celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entremujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación decontratos del sector público” (énfasis añadido); por su parte, el art. 34 LO 3/2007 indica: “1.Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad enel mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de susorganismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidastendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, conformea lo previsto en la legislación de contratos del sector público. En el Acuerdo a que se refiere el párrafoanterior podrán establecerse, en su caso, las características de las condiciones que deban incluirse en lospliegos atendiendo a la naturaleza de los contratos y al sector de actividad donde se generen lasprestaciones. 2. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulasadministrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposicionespresentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional,cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas proposiciones igualen en sustérminos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base a laadjudicación y respetando, en todo caso, la prelación establecida en el apartado primero de ladisposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las AdministracionesPúblicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio” (énfasis añadido); y, asimismo,el art. 35 LO 3/2007 recoge: “Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvencionesque adopten en el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de laexistencia de una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las basesreguladoras de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones deefectiva consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes. A estos efectos podránvalorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, deresponsabilidad social de la empresa, o la obtención del distintivo empresarial en materia de igualdadregulado en el Capítulo IV del Título IV de la presente Ley” (énfasis añadido). Sobre el particular puedenverse los siguientes estudios: Bernal Blay, M.A. (2008), “Hacia una contratación pública socialmenteresponsable: las oportunidades de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público”,Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. monográfico sobre el Derecho de contratos delSector Público, pp. 211‐252 (el texto referido puede consultarse on‐line enhttp://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/22/docs/Instituto%20Aragonés%20Adm%20Pública/Revista%20Aragonesa%20Adm%20Pública/Monograf%C3%ADas/Monográfico%20X/BERNAL_10_X.pdf, fechade último acceso:10‐2‐2012); Medina Arnaiz, T. (2009), “El papel de la ley de contratos del sector públicoen el cumplimiento de la normativa sobre igualdad de género”, Actualidad Administrativa Práctica-LaLey, 85; y la misma autora en “La igualdad de género entre los criterios de adjudicación de un contratopúblico (comentario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura núm. 535/2009, de16 de junio)”, Actualidad Jurídica Aranzadi de 11‐3‐2010, pp. 1, 8‐9; y (2011) en “Social Considerations inSpanish Public Procurement Law”, Public Procurement Law Review, 2, pp. 56‐79; Rodríguez Escanciano,S. (2008), “Trabajo y exclusión social en el nuevo sistema de contratación del sector público”, Estudiosfinancieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos, 305‐306, pp. 53 y ss;Zambonino Pulito, M. (2008), “La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la contratación de lasadministraciones públicas en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo”, Revista de AdministracionesPúblicas, 175, pp. 463 y ss. Así por ejemplo, en el proyecto de ley sobre igualdad de trato presentadopor el Gobierno en la legislatura 2008‐2011 y que no llegó a aprobarse (y sin perjuicio de que se hayapresentado por el Grupo Socialista una propuesta de ley con el mismo título en la actual legislatura quetiene pocos visos de salir adelante habida cuenta de la composición actual del arco parlamentario), serecogía en su art. 16.2 un enunciado relevante a los efectos que ahora se contemplan y que tenía lasiguiente redacción: “Los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos opersonas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta Ley [una de ellas eraInstituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá | 60