Jorge Adorno / Reuterscina del Alto Comisionado para los DerechosHumanos de la ONU en México parala creación de un protocolo justamente paraidentificaciones y exhumaciones en casosde asesinatos.Hasta el año pasado la PGR creó unprotocolo para responder a estas mismasinquietudes que entonces tenía la ONU, elcual sigue en papel; no se ha aplicado a nivelnacional.En 2004 el equipo fue invitado por organizacionesde víctimas y de derechoshumanos, en acuerdo con el gobierno, ainvestigar los llamados feminicidios deCiudad Juárez y de Chihuahua, porque lasmadres de las desaparecidas estaban inconformescon el trabajo de la procuraduríaestatal, que entregaba cuerpos equivocadoso mantenía restos sin identificar.En ese entonces –cuenta la abogada AnaLorena Delgadillo, quien era consultora delEAAF– la búsqueda del equipo no se limitóal número de restos en la morgue (recuperaronrestos de otras morgues, de fosas comunesy de escuelas de medicina), y tampocose ciñeron a la lista de denuncias quetenía la procuraduría sino que recorrieroncasa por casa, “en un trabajo hormiga”, parabuscar donde fuera a familias que tuvieranalguna hija desaparecida.Cuando el escándalo de los feminicidiosse concretó en el Caso del Campo Algodonero(como se llamó al lugar dondefueron encontradas tres mujeres desaparecidas,torturadas y asesinadas) y llegó ala Corte Interamericana de Derechos Humanos,el equipo rindió un peritaje quesirvió de base para la sentencia de 2009contra el Estado mexicano.“En la sentencia del Campo Algodoneroestaban prediciendo lo que iba a venir,pues recoge los principales problemasque arrastramos: el Estado no tiene basesde datos de personas desaparecidas y decuerpos sin identificar, no hay metodologíaclara para el control de los restos quequedan sin identificar, hay problemas técnicosy científicos alrededor de las investigacionesy sufrimiento de las familias alenfrentarse a estados e instituciones sincapacidad para dar una respuesta acordea la realidad.”, dice.“Desde esa sentencia la corte estabaya ordenando al Estado mexicano que tomaramedidas al respecto”.La abogada que preside la Fundaciónpara la Justicia y el Estado de Derecho comenzóa trabajar con el grupo argentinodesde Ciudad Juárez (“me fasciné de su visiónde derechos humanos y estándarescientíficos muy altos y su grado de humanidaden el contacto con las familias y hastaen la revisión de cuerpos”), y actualmenteacompaña en el caso Ayotzinapa.Desde 2013, el EAAF y su fundación vande la mano con la PGR y tres organizacionesmexicanas y centroamericanas en lallamada Comisión Forense, creada con MurilloKaram –por instancias del subprocuradorRicardo García Cervantes y Eliana García–para identificar restos de migrantesasesinados en San Fernando, Tamaulipas, yCadereyta, Nuevo León, enviados a la fosacomún por la PGR o procuradurías locales.Como parte de la labor conjunta yaentregaron 12 a sus familiares, y según elcompromiso del procurador el trabajo seextenderá a toda la Ruta del Migrante.Si en el Campo Algodonero el equipoexhibió las deficiencias del Estado mexicanoen materia forense, esa es una constanteque se repite en cada caso al que esinvitado, incluida la identificación de losrestos de los 13 jóvenes tepiteños asesinadosal salir del Bar Heaven, en la que tambiéndetectaron errores.En 2012, Delgadillo y otras organizacionesaliadas, junto con Mercedes Doretti,Los forenses del EAAF. Impugnados sólo en Méxicoquien lidera el equipo argentino en México,participaron en una audiencia de la CIDHdonde denunciaron la desidia del gobiernomexicano y las deficiencias en la identificaciónde restos de migrantes.“Si bien el equipo argentino reconocemejoras dentro del sistema forense mexicano–dijo en la audiencia Doretti–, tambiéncontinúa observando serios problemasde metodología y de diagnóstico en elproceso de recolección y análisis de restos,incluyendo la identificación de los mismosy el uso de genética forense. También haobservado problemas en custodia, pérdidade restos y, en casos extremos, sustituciónde restos”.No por nada el GTDFI, en el que participaDulitzky, después de su última visitaa México señaló en sus conclusiones quedicho sistema “carece de una política integralpara hacer frente al fenómeno delas desapariciones forzadas, incluyendo labúsqueda de las víctimas, la identificaciónde restos y la exhumación de cadáveres”.O como explica el propio Dulitzky: “Nose hacen búsquedas y cuando se hacen tenemosinformación de que hay problemasen cómo se hacen las exhumaciones, cómose trata la cadena de custodia y cómose hacen las identificaciones y tomas demuestras”.Por eso, al referirse a la disputa entre elEAAF y la PGR, comenta que no le sorprendenlos errores que cometió la PGR. En tanto,no duda del profesionalismo del EAAF,que también ha ayudado a crear otros equiposforenses con altos estándares de calidadcomo el guatemalteco o el peruano.“Si en temas como Campo Algodoneroo ahora Ayotzinapa, que son emblemáticosy que tienen tanta atención internacional,ponen al descubierto las falenciasque hay, ¿qué es lo que queda para losmiles de casos que no llegan a la primeraplana de los medios? Como dijo en susconclusiones el Comité contra la DesapariciónForzada: Ayotzinapa representa todaslas falencias y debilidades institucionalesque tiene la PGR.”Guadalupe Morfín, quien en 2004 fuela comisionada para Prevenir y Erradicar laViolencia contra las Mujeres en Juárez, dicea <strong>Proceso</strong>: “Todo el trabajo realizado por elEAAF en el estado de Chihuahua, que señalabael camino correcto, como lo hizo en ElSalvador, Guatemala, República Dominicanay otros tantos países, además de Argentina,debió haber servido desde esos añosal Estado mexicano como ejemplo probadode lo que debe hacerse para la identificaciónde restos de personas desaparecidas”.Agrega: “Algo que hay que admirar delEAAF es que trabaja sirviendo a la verdad,no a ego alguno. Mucho perderíamos comoEstado mexicano si se le cierran laspuertas por la incomodidad de sus preguntasy precisiones”. 10 <strong>1998</strong> / 15 DE FEBRERO DE 2015
CASO AYOTZINAPAMiguel DimayugaEnfrentan al narco yel gobiernolos reprimeGuerrero está considerado como el estado más violentodel país, y los recientes enfrentamientos de guardiascomunitarios contra bandas criminales parecen confirmarlo.Sin embargo, los habitantes de las poblacionesacosadas por el narco denuncian que las autoridadesfederales y estatales, lejos de apoyarlos en el combatea la delincuencia organizada, se dedican a reprimir susactos de autodefensa y la protesta social.EZEQUIEL FLORES CONTRERASCHILPANCINGO, GRO.- La ola de delincuenciaprovocó un estallidosocial en tres regiones deGuerrero, donde los pobladorestomaron las armas para enfrentara la delincuencia, puesseñalan que ésta sigue operando bajo protecciónde autoridades de los tres nivelesy del Ejército.En la Región Norte, el sábado 7, policíascomunitarios del municipio de Cocularescataron a 12 secuestrados y cerraronla minera Media Luna, ubicada en lacomunidad de Nuevo Balsas, con el argumentode que las autoridades sólo brin-<strong>1998</strong> / 15 DE FEBRERO DE 2015 11
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