Benjamín FloresMiguel DimayugaGómez. Los fideicomisos, tema difícilron las presiones gubernamentales en relacióncon el trabajo que involucró a lossenadores, a los comisionados del InstitutoFederal de Acceso a la Informacióny Protección de Datos (IFAI), a tres colectivosde organizaciones, periodistas y expertosen la materia –Red por la Rendiciónde Cuentas, Colectivo por la Transparenciay México Infórmate–, y se plantearona través de las bancadas del PRI y PartidoVerde más de 80 modificaciones al borradorque fueron consideradas como “regresivas”por la oposición y los expertos.La dictaminación se entrampó y se frenóla aprobación de esta ley reglamentaria,para la cual se había fijado el sábado 7 comoplazo máximo, según la reforma constitucionalde 2014. Algunas diferencias sehan ido negociando, pero quedan como“irreductibles” cerca de 20 temas muy delicadospara el gobierno federal.Los senadores Arely Gómez González,del PRI, y Pablo Escudero, del Partido Verde,admitieron en rueda de prensa el martes10 que Agustín Carstens, gobernadordel Banco de México, y el consejero jurídicoHumberto Castillejos frenaron con susobservaciones puntos importantes, comola apertura y rendición de cuentas en losfideicomisos y los relativos a inteligenciay contrainteligencia, entre otros.“Por supuesto que el doctor Carstensha hecho opiniones. Por supuestoque vamos a ir a hablar con el doctorCarstens para que nos diga qué es lo queopina y hablamos con otros de los sujetosobligados para ver qué es lo que opinan.La seguridad nacional, la seguridadpública, la inteligencia, la contrainteligencia,son temas muy sensibles, no sepuede ir a la ligera”, refirió Escudero Morales,presidente de la comisión anticorrupciónque deberá elaborar el dictamen.La senadora priista Arely Gómez,quien facilitó durante las negociacioneslos avances con las organizaciones no gubernamentalesy los expertos, admitió enrueda de prensa que se presentaron 88observaciones de “sujetos obligados” y delconsejero jurídico, Humberto Castillejos.“El consejero jurídico en todas las iniciativastiene una participación en el procesolegislativo”, afirmó.De esas observaciones, según Gómez,uno de los temas más difíciles es el delos fideicomisos. “Se está tratando de verquién va a ser el responsable de la información”;también están los relacionados coninteligencia, contrainteligencia y derechoshumanos.Para el perredista Alejandro Encinas,Escudero. Modificaciones erráticaslos “corchetes” son el resultado del tropezónde la Casa Blanca que impidió avanzaren diciembre y atascó la negociación,mientras que su correligionaria DoloresPadierna Luna advirtió que los candadosde acceso a la información en lo referentea fideicomisos hará más opaco el FondoMexicano del Petróleo, “sin duda el másimportante, tanto en cuantía de recursoscomo en funciones, porque manejará larenta petrolera”.La legisladora del PAN Laura Rojas advirtióque su partido se opone a eliminarla obligación de que se transparente la listade cancelaciones y condonaciones enmateria tributaria, así como las atribucionesdel IFAI para imponer medidas deapremio a fondos y fideicomisos que manejala Secretaría de Hacienda.Padierna informó que, tan sólo paratener una idea de las dimensiones del temade fideicomisos, hasta el último cuatrimestrede 2014 Hacienda admitió queexisten 352 de ellos que manejan 452 mil454 millones de pesos y cuyo acceso no espúblico, salvo para los usuarios autorizadospor la dependencia, y no se detallanlas aportaciones correspondientes.De esos 452 mil 454 millones, 21.7%corresponden a 46 fideicomisos de infraestructurapública (98 mil 365 millones);21.2% a 120 fideicomisos de “apoyosfinancieros” (96 mil 89 millones); 20.7% aseis fideicomisos para “estabilización financiera”(93 mil 573 millones), y 17.2% a24 fideicomisos de pensiones (77 mil 681millones).Estos fideicomisos no incluyen el quemanejará el Banco de México –el futuroFondo Mexicano del Petróleo para la Estabilizacióny el Desarrollo–, que “sin dudaserá el más importante y deberá operarcon máxima transparencia y rendición decuentas”, puntualizó la senadora Padierna.Los grandes corchetesEn específico, el documento preliminarsobre propuestas de modificaciones, cuyacopia tiene <strong>Proceso</strong>, identifica como loscorchetes más importantes los siguientesartículos y asuntos:–Artículo 23 (fideicomisos): Se proponemodificar la redacción consensuada paraexentar de responsabilidades como sujetosobligados a “los fideicomisos y fondospúblicos que no cuenten con estructura orgánicay, por lo tanto, no sean consideradosuna entidad paraestatal”.El PRD propone una redacción alternapara aclarar que “la institución fiduciariao el mandatario cumplirán con sus obligaciones”a través de sus propias áreas, unidadesy comités de transparencia.–Artículo 42: Establece excepcionespara formar comités de transparenciaen el Centro de Investigación y Seguri-32 <strong>1998</strong> / 15 DE FEBRERO DE 2015
POLÍTICAdad Nacional (Cisen), el Centro Nacionalde Planeación, Análisis e Información parael Combate a la Delincuencia; el CentroFederal de Protección a Personas; laDirección de Coordinación de Inteligenciade la Comisión Nacional de SeguridadNacional; la Subprocuraduría Especializadaen Investigación de DelincuenciaOrganizada; el Estado Mayor Presidencial;el Estado Mayor de la Defensa Nacionaly el Estado Mayor de la Armada.El gobierno federal propone una redacciónpara que sus unidades administrativasno estén sujetas a la autoridad delos Comités de Transparencia, “siendo susfunciones responsabilidad exclusiva del titularde la propia unidad administrativa”.–Artículo 43: Sobre las funciones de cadaComité de Transparencia, se le agrega enel numeral III que éstos deberán ordenar alas áreas que “expliquen, de forma fundaday motivada, las razones por las cuales en elcaso particular no ejercieron dichas facultades,competencias o funciones”.El PAN y el PRD consideran regresivoeste agregado.–Artículo 70: En cuanto a declaracionespatrimoniales, el PAN y PRD defienden laredacción original que propone tener accesoa la versión pública. El gobierno planteaagregar una frase: “… de los servidores públicosque así lo determinen”, abriendo uncandado discrecional.–Artículo 70: En materia de intervenciónen las telecomunicaciones, el gobiernopropone eliminar el numeral XLIX queobliga a hacer públicos los listados de “solicitudesde las empresas concesionariasde telecomunicaciones y proveedores deservicios o aplicaciones de internet parala intervención de comunicaciones privadas,el acceso al registro de comunicadoresy la localización geográfica en tiemporeal de equipos de comunicación, una vezconcluida la intervención”.–Artículo 83: En lo que atañe a obligacionesde transparencia sobre las actividadesde exploración, extracción y refinaciónde petróleo e hidrocarburos, elgobierno propone sujetarlas a los mecanismosde las leyes secundarias en materiaenergética.–Artículo 101: El gobierno proponemantener reservas sobre información“que pueda dañar la estabilidad financiera,económica o monetaria” hasta que “seextingan las causas que dieron origen a suclasificación”.El PRD considera que tal redacción “abrela posibilidad de permanecer reservados demanera atemporal o permanente”.–Artículo 113: Es considerada por elPAN y el PRD una de las grandes diferenciasporque PRI y Partido Verde planteanmantener reservada la información que“comprometa la seguridad nacional, la seguridadpública o la defensa nacional”, asícomo aquella que “pueda menoscabar laconducción de las negociaciones y relacionesinternacionales”.El gobierno busca eliminar en estoscasos la llamada “prueba del daño” paramantener la reserva.–Artículo 115: El borrador originalmenteconsensuado con organizaciones ciudadanasy expertos prohíbe invocar reservas“cuando se trate de violaciones graves dederechos humanos o delitos de lesa humanidad,calificadas así por la autoridad competente”o “se trate de información relacionadacon actos de corrupción, de acuerdocon las leyes aplicables”.La propuesta gubernamental busca quelos organismos garantes no sean los que determinenla existencia de violaciones gravesa derechos humanos. Esta es una de lasgrandes diferencias con la Procuraduría Generalde la República y el gobierno federal.–Artículo 149: El gobierno proponeacotar la “prueba de interés público” eninformación cuando exista una colisiónde derechos.–Artículos 207 y 210 en materia desanciones: El gobierno se opone a la imposiciónde sanciones cuando se declareinexistencia de la información, cuando elsujeto obligado deba generarla o cuandose clasifique información como reservada“sin que se cumplan con las característicasseñaladas por la ley”.PAN-PRD irían a la CorteCarstens. CuestionadoEn su documento Posicionamiento a la LeyGeneral de Transparencia y Acceso a la InformaciónPública, los senadores del PRDque participaron en la negociación –DoloresPadierna, Angélica de la Peña, AlejandroEncinas, Zoé Robledo, Isidro Pedrazay Armando Ríos Piter– admitenque hubo grandes avances que hoy estánen riesgo.Uno de esos avances es que “se precisóque por violaciones graves a derechoshumanos y delitos de lesa humanidad yactos de corrupción no podrá reservarseinformación por ningún sujeto obligado”.Otro es que se crea un Sistema Nacionalde Transparencia y se incorpora comosujetos obligados a los partidos y agrupacionespolíticas, sindicatos y autoridadesdel ámbito laboral.Para el PRD, la modificación de más de80 artículos y la eliminación del capítulo“Denuncia por incumplimiento de las obligacionesde transparencia de los sujetosobligados” son “ampliamente regresivas yrompen el consenso con las organizacionessociales especialistas en el tema, académicos,órganos garantes, así como senadoresy senadoras”.En lo concerniente a transparencia enel sector de hidrocarburos, el pleno de losconsejeros del IFAI advirtió el miércoles 11que debe estar incluido porque uno de loscompromisos asumidos fue “publicar comomínimo contratos con las empresasextractivas”.Legisladores del PAN, como RobertoGil Zuarth, y del PRD que participaron enla negociación plantearon desde el martes10 que podrían acudir a la Suprema Cortede Justicia de la Nación (SCJN) en casode que el PRI y el Partido Verde insistan enaprobar “una ley regresiva que nacerá conun problema de legitimidad”.Gil Zuarth acusó al PRI y al PVEM depretender “crear opacidades por mayoría”que obligarán a la oposición a plantear elrecurso de anticonstitucionalidad ante laSCJN.Miguel Dimayuga<strong>1998</strong> / 15 DE FEBRERO DE 2015 33