Proceso-1998

DERECHOS HUMANOSExplica que el procurador general dela República, Jesús Murillo Karam, buscóprocesar por desaparición forzada a losdetenidos por Ayotzinapa: No obstante,“el Juzgado Primero de Distrito en MateriaPenal, con sede en Matamoros, consideróque ‘no había elementos’ para consignarlospor ese delito. Argumentó que no se integrael tipo penal. Los jueces rehúyen esasituación y el Poder Judicial no asume laresponsabilidad que tiene de enjuiciar alas personas por los delitos acreditados.Ese tribunal, en cambio, consignó por secuestroagravado y homicidio”.La cuestión es que el secuestro tienecaracterísticas distintas. A diferencia delo que ocurre con la desaparición, el findel secuestrador es obtener una gananciaeconómica, dice.Por eso, Hernández considera que elcaso de los 43 normalistas no está cerrado,toda vez que si se consiguen más pruebaspuede volverse a ejercitar la acción penal.“Los asesores jurídicos de las víctimas –osea, nosotros– buscaríamos la reclasificaciónpor desaparición forzada”.–¿Tuvo razón el juez en su decisión ola PGR incurrió en deficiencias a la hora deintegrar la averiguación?–Me parece que la averiguación previaestá bien integrada. Nosotros, como CEAV,hemos decidido no pronunciarnos sobrelas conclusiones. Sólo nos toca acompañara las víctimas; si éstas no se dan porsatisfechas, seguiremos apoyándolas ensu demanda de verdad y de justicia hastadonde ellas quieren llegar. Para mi gusto,sí se encuentra configurado el delitode desaparición forzada.Especifica: “De acuerdo con la narrativade los hechos, las personasdesa parecieron, la PGR presume queestán muertas y está probado que intervinieronautoridades en ello. ¿Quémás quiere el juez? Hay 30 declaracionesque señalan que la policía de Igualaintervino en los hechos, y unas ochoque refieren la participación de losagentes de Cocula”.Hernández refiere que actualmentela desaparición forzada está tipificadaen la legislación de algunos estadosy a nivel federal. Sin embargo, dice, notodos la plasman de la misma manera,lo que hace muy complicado hacerconsignaciones. Por ello, dice, se promoveráante las organizaciones de lasociedad civil un proyecto de ley queincluya un tipo penal único, de aplicaciónen toda la República.Puntualiza que cuando fue detenidoJosé Luis Abarca (entonces alcaldede Iguala, acusado de ordenar la represióncontra los normalistas) no fueaprehendido por los hechos vinculadoscon Ayotzinapa. Lo capturaron por elhomicidio de un opositor político perpetradoen mayo de 2013. “Nosotros tenemosa los sobrevivientes de estos hechosbajo resguardo y custodia de la CEAV conla ayuda del mecanismo para defensores.Esto prueba que ya se venían dando desaparicionesforzadas”.–La Comisión Nacional de los DerechosHumanos (CNDH) señaló la necesidad decrear bases de datos de desa parecidos.¿Por qué no se tienen si están previstas enel artículo 21 inciso B de la Constitución?–No sé. Deje ya las bases de datos…Le voy a decir una cosa que no tenemos:un registro único de identidad. No existeen México. Es decir, en este país su poblaciónno está identificada como mexicana.En cambio, cuando uno nace en Chile, letoman las huellas dactilares, le miden eliris, le hacen un registro de ADN. De maneraque si se comete un delito y aparecenhuellas digitales, no hay duda de quién esel autor.“En Chile tuvieron la dictadura de Pinochety el número de desaparecidos nollega a 600; nosotros tenemos 22 mil reconocidospor la autoridad, aunque las organizacionesno gubernamentales hablande 26 mil y de 100 mil muertos.“Si no hay un registro de personasdesa parecidas ¿a quién estamos buscando?¿Por qué no lo tenemos? Pues porirresponsables. Necesitamos protocoloscomo el que tiene la Cruz Roja Internacional,conocidos como el AM y el PM (anteHernández Barros. Ayotzinapa, caso abiertomórtem y post mórtem. Los primeros sondatos de la gente desaparecida y, los segundos,de cadáveres y restos). Lo quehace la computadora es simple: cruza losdatos AM con los PM. El sistema se puedeusar en cárceles, hospitales, maquiladorasy table dances, porque por un lado tenemos22 mil desaparecidos y, por el otro,5 mil y pico de ‘encontrados’ que no sabemosquiénes son.”–¿En dónde están?–En los semefos, en fosas comunes.Por eso, en este proyecto de ley sobre personasdesaparecidas pedimos que lasfosas comunes se sustituyan por almacenesforenses, porque actualmente loscuerpos son guardados en bolsas de plásticoy, en cinco o 10 años, el ADN es casiirreconocible. Esto es inaceptable, porquenosotros, en la CEAV, atendemos a víctimasdel 68 y de la “guerra sucia” y tenemosque hacer un reconocimiento cabalde esas víctimas de los sesenta, setentay ochenta.Ventajas del registro de identidadAcerca del peligro de que la informaciónde un registro único de identidad se utiliceindebidamente, como sucedió con losdatos entregados al desaparecido InstitutoFederal Electoral, acepta: “En la comisióntuvimos el mismo temor; por esoadquirimos un software con todas las medidasde seguridad para que a un hackerle sea imposible entrar. Incluso rechazamosla oferta de usar un software quenos ofreció Plataforma México”.Defiende por esto la recopilación dedatos personales. “En Atoyac, Guerrero,localizamos a 500 familias que afirmantener parientes que desaparecieron enla década de los setenta. No sabemospor qué no levantaron denuncias. Muchospor miedo se quedaron callados,y acudieron ahora que la CEAV anduvoanunciando –con esos carritos deperifoneo que hay en los ranchos– queestábamos ahí construyendo el RegistroNacional de Víctimas. Estos 500 sondistintos de los 275 que la CNDH tieneregistrados como víctimas de desapariciónforzada de la ‘guerra sucia’.“Por ejemplo, en Iguala, realizamosjuntas con Los Otros Desaparecidos–así se nombraron–, porque a raízdel suceso de Ayotzinapa aparecieron300 o 400 personas que dijeron tenerfamiliares desaparecidos, la mayoríasin denuncia. Del 68 tengo detencionesilegales, presos políticos, porque laLey de Víctimas no concibe la prescripcióny por eso seguimos atendiendo alas víctimas de aquella época”, concluyeHernández Barros.Margarito Pérez Retana1998 / 15 DE FEBRERO DE 2015 23