Octavio GómezCDF-ONU –la consolidación de una ley generalal respecto–, González Pérez aseveraque atenderá la sugerencia de participar enla elaboración de esa norma junto con organizacionesciviles y familiares de víctimas.“Hablaré con las distintas fuerzas políticaspara hacerles ver la conveniencia decontar con la ley general lo antes posible.Ya la habíamos pedido y ahora el comitécoincide con nosotros, o nosotros conél. Así, ya se ha sugerido por varias instanciasque haya uniformidad en la tipificación”,resalta. Menciona también lanecesidad de construir el reglamento parala operación del Registro Nacional de Datosde Personas Extraviadas o Desaparecidas,pendiente desde 2012.La perspectiva desde dentroEn el documento entregado al CDF-ONU,la CNDH presentó sus propios datos: larecomendación 26/2001, relacionadacon 532 expedientes de presuntas desaparicionesocurridas en la década de lossetenta y principios de los ochenta; 13 recomendaciones,emitidas de 2005 a 2014,relacionadas con 37 víctimas; seis expedientessobre desaparición forzada queimplican a 11 víctimas, y la investigaciónpropia acerca de la agresión contra 43 estudiantesde la Escuela Normal Rural RaúlIsidro Burgos de Ayotzinapa.En su informe, la CNDH refiere que laadministración de González Pérez heredódos bases de datos: una de 24 mil 809 personas“reportadas ante diversos órganosde procuración de justicia como desaparecidas,extraviadas o no localizadas, correspondienteal periodo de 1995 a 2012”, yotra con “3 mil 85 registros que correspondena 4 mil 38 personas reportadas comodesaparecidas” hasta diciembre de 2014.En ninguna de las listas hay “certezas sobrelas causas de las desapariciones”.Ciudad de México. Demanda crecienteEn el documento se da cuenta de lavariedad de cifras de desaparecidos quedesde el primer semestre de 2013 divulgóel gobierno de Enrique Peña Nieto. Seadvierte que “por la insuficiencia de informaciónno es posible especificar en cuántoscasos existen indicios de desapariciónforzada con la participación o aquiescenciade servidores públicos, cuáles sonatribuibles a la delincuencia y cuáles correspondena personas no localizadas”.González Pérez celebra que el CDF-ONUcoincida con la necesidad de unificar criterios“para todas las procuradurías que alimentenel registro de desaparecidos”, conel fin de “identificar cuáles casos son desapariciónforzada y cuáles no. Pero, además,que establezca perfiles de los desaparecidos,si son menores, adultos, mujeres, hombres.En la medida que no contemos con eseregistro, tendremos números de desaparecidospero no sabremos su origen”.Al señalarle que los datos oficialesreflejan que en el actual sexenio lasdesapariciones aumentaron de maneraalarmante –hasta llegar a 13 víctimas aldía, de acuerdo con el reporte especial publicadoen la edición 1997 de <strong>Proceso</strong>–, elexabogado de la Universidad Nacional Autónomade México (UNAM) es cauteloso:“No queremos entrar en un conflictode cifras, porque, si no, todos vamosa hablar de números desde criterios quecada quien maneje. Imagínese en los estadosdonde no está tipificado el delito;hay cero desaparición forzada. El Comitésobre Desaparición Forzada no hablade cifras.”–El CDF-ONU cuestiona precisamenteque México no tenga cifras –se le aclara.–Pero pone el trapito y la solución, quees “pónganse de acuerdo en los criterios”.Pide que sean confiables, uniformes, quedigan el perfil de la persona. Las sugerenciasdel comité son estructurales.–¿Las fallas del Estado para resolvereste problema son estructurales?–Hasta ahora no es posible tener unaidentificación plena para hablar de cifras.Las que maneje Amnistía Internacional ocualquier otra organización son diferentesdesde la perspectiva de cada quien;por eso lo importante es tener un registroúnico nacional con criterios que todosmanejen uniformemente.Insiste en que una ley general y unregistro único son premisas indispensablespara, después, “tomar decisionesque permitan prevenir” las desaparicionesforzadas y adoptar las sugerencias delCDF-ONU, que “van en el sentido de correccióny sanción a los responsables. Perono basta que se sancione, hay que buscara las personas”.–¿Coincide con el CDF-ONU en larecomendación de que la ley generalprevea sancionar a los superiores jerárquicosde quienes cometan la desapariciónforzada?–Es un asunto que hay que analizar ydiscutir. En México lo que tiene que pasares que se castigue a quien incumpla la ley,sea servidor público o particular.El grupo de expertos de la ONU consideróque, “por principio, los tribunalesmilitares no ofrecen la independencia eimparcialidad requeridas por la CID”. Entorno a esta afirmación, González Pérezpide reconocer los avances en materia defuero militar:“México ha avanzado, es indudable, ysería injusto no reconocerlo. Es una cuestióninacabada, que deberá ser discutida.Ahí también tendrán que aplicarse los estándaresinternacionales.”Satisfecho por las coincidencias entreel CDF-ONU y la CNDH, González Pérez semuestra optimista “en función de que sonatendibles las sugerencias del comité. Yoesperaría que el gobierno mexicano fuerareceptivo a las recomendaciones”.Sobre lo anterior, el ómbudsman recuerdaque la CNDH ha realizado foros ymantenido reuniones con los poderes Ejecutivoy Legislativo, así como con organizacionesciviles.“Quiero ser optimista de que tendremosesa receptividad del gobierno, entendiendoque el ómbudsman no buscaconfrontarse. El ómbudsman lo que busca,porque ése es su papel, es señalarcuando hay abusos, cuando hay violacionesen derechos humanos”, sostiene.Por lo pronto, horas después de que elCDF-ONU diera a conocer sus conclusiones,las secretarías de Gobernación y deRelaciones Exteriores descalificaron elcontenido del documento girado desdeGinebra y se reservaron el derecho a aceptaro no sus recomendaciones. 20 <strong>1998</strong> / 15 DE FEBRERO DE 2015
DERECHOS HUMANOSHallar desaparecidos esEduardo Mirandacasi imposibleen MéxicoPATRICIA DÁVILADesde el propio organismo gubernamental encargadode atender a las víctimas de la delincuencia sedenuncian los inmensos problemas que existen parainvestigar y acabar con las desapariciones forzadas:no hay leyes uniformes, las policías municipales simplementeno funcionan, no hay bancos de datos, elsistema permite que todas las autoridades eludan laresponsabilidad, los jueces no hacen su trabajo…Ante esto, desde la esfera de actuación del citado organismose busca impulsar una ley que por primeravez ponga orden en la búsqueda de 22 mil mexicanos.En el laberinto mexicano de ineptitud,burocracia, corrupción, complicidadese indolencia gubernamental ypolítica a todos los niveles, encontrara una persona desaparecida esprácticamente imposible.Para Julio Hernández Barros, integrantede la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas(CEAV), organismo descentralizado dela administración pública federal, en México“no se busca a los desaparecidos, y cuando selocaliza a alguna persona en fosas clandestinases imposible conocer su identidad”.En entrevista con <strong>Proceso</strong>, Añade: “En lossemefos (servicios médicos forenses) y fosascomunes del país hay 5 mil cuerpos de personassin identificar por la falta de un registroúnico de identidad. Por si fuera poco, aúnhay procesos por resolver que datan de 1968,y acaban de sumarse 500 casos de desapari-<strong>1998</strong> / 15 DE FEBRERO DE 2015 21
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