REVISTA PESCA SEPTIEMBRE 2015.pdf

Corpesca (fusión de Eperva, Pesquera Iquique-Guanaye
y Pesquera Coloso), Pesquera El Golfo, Camanchaca y
San José, quienes realizaban las mayores capturas. Estas
empresas estaban asociadas a grupos económicos fuertemente
concentrados 1 , los que posteriormente fueron
denominados como “Las 9 familias dueñas del mar chileno”
2 En 2012, con la aprobación de la denominada “Ley
Longueira”, la administración Piñera aumentó los beneficios
para las mismas industrias responsables de la depredación
durante la dictadura militar y el gobierno de la
Concertación. Pero debido al evidente colapso de las especies
más capturadas, ahora las licencias de pesca comenzaron
a ser “vendibles, transables en el mercado”.
Estos permisos o licencias de pesca durarían 20 años
renovables, y podrían dividirse hasta en cien mil partes
en acciones a transar en el mercado bursátil. Un negocio
especulativo donde no es necesario que existan peces
para que haya permisos de pesca.
En mayo de 2013, se descubrió que Corpesca del grupo
Angelini 3 realizó pagos a un asesor de la diputada Marta
Isasi (UDI-PRI) por supuestos estudios vinculados a la
ley de pesca. El gerente de la empresa Francisco Mujica
reconoció los pagos y el financiamiento de campaña a
Marta Isasi y de muchos otros parlamentarios, cuyos
nombres dejó en reserva, añadiendo que todo estaba
hecho de manera legal. Sin embargo, pronto el gerente
dejó su cargo y hoy ha debido reconocer ante el Ministerio
Público que Corpesca también le pagó al senador Jaime
Orpis (UDI) fuera del periodo electoral, entre 2008 y
2013, periodo que incluye la tramitación de la Ley de
Pesca. Aunque Orpis no era parte de la comisión de pesca,
CIPER Chile descubrió que aparece votando y participando
activamente en la discusión de esta ley al reemplazar
a otros senadores UDI de la comisión. 4
En abril de 2014, en el contexto de los casos de corrupción
“Penta” y “Soquimich (SQM)”, donde se habrían utilizado
boletas falsas para el financiamiento de campañas
políticas, se añadieron otros dineros que empresas pesqueras
pagaron a distintos dirigentes políticos. Algunos
de estos contribuyentes estaban en el ambiente cercano
de Pablo Longueira (UDI), quien negoció la Ley de Pesca
de 2012 cuando era ministro de Economía. 5 Entre estos
contribuyentes se encontraban Solange Hermosilla y Ricardo
Jorquera, quienes admitieron emitir boletas a Pesquera
El Golfo, SQM y Metalpar, triangulando el dinero
recibido hacia Longueira, siendo liderados por su asesora
histórica, Carmen “Titi” Luz. quien desempeñaba funciones
en la fundación “Chile Justo”, entidad fundada por el
ex ministro de Economía.4 De acuerdo al rastreo que
hizo CIPER 6 , son al menos seis los contribuyentes que
recibieron dinero de SQM y que paralelamente emitieron
boletas para tres pesqueras: El Golfo (empresa que ahora
opera bajo el nombre de Blumar), ASIPES 7 (Asociación
de Industriales Pesqueros) y la citada Corpesca. (VER
INFOGRAFÍA) Una investigación anterior, publicada por
CIPER en 2013 8 , detectó al menos a cuatro pesqueras
que hicieron donaciones a candidatos por un monto global
de $180 millones: Camanchaca, Camanchaca Pesca
Sur, Corpesca y Blumar. Además, de las cuatro compañías
mencionadas, dos empresas (Corpesca y Blumar 9 )
aparecen como receptoras de boletas de personas que
son investigadas por haber cobrado honorarios a SQM
sin respaldo en la contabilidad de la compañía.
Por otra parte, hace algunas semanas, el senado Alejandro
Navarro (MAS) publicó el listado con los dineros de
aportes reservados recibidos por los diputados y senadores
de la República 10 y señaló que muchos de estos
aportes provenían de la industria pesquera. La polémica
escaló a altos niveles al punto que la propia Nueva Mayoría
acordó censurarlo en su labor de vicepresidente del
Senado, cuestión que finalmente se logró el pasado
miércoles 1 de Julio.
Las indagaciones para establecer los vínculos ilegales
entre las empresas pesqueras y los legisladores continúan,
sin embargo esta investigación del Ministerio Público
tampoco ha estado exenta de polémicas. A principios
de junio del presente año se denunció que los fiscales
Alberto Ayala y Carlos Gajardo también pudieron haber
estado involucrados a Corpesca. Ante ello el fiscal nacional
Sabas Chahuán declaró que “No hay ningún corrupto
trabajando en la fiscalía, Gajardo no es corrupto, Ayala
tampoco lo es”. En junio de 2015, trascendió además
que el esposo de la asesora de senador Jaime Orpis, Carolina
Gacitúa, el mayor de carabineros Alexis Ramírez
Quiróz, habría emitido documentos fraudulentos por más
de 27 millones de pesos. Su hermano Marcelo Ramírez
Quiróz, también carabinero, giró 4 boletas por 2,2 millo-
Revista Pesca Septiembre 2015 59